SOFIA ZANOTTI
El gobierno de Maximiliano Pullaro cierra 2025 apoyado en estadísticas oficiales que le permiten sostener un discurso de “orden recuperado”, especialmente en Rosario, donde se concentran los principales recursos en materia de seguridad. Sin embargo, fuera de los informes y los gráficos, la violencia vuelve a hacerse visible y ya no se limita a la ciudad más grande de la provincia.
La discusión no pasa solo por los indicadores técnicos, sino por la distancia cada vez más evidente entre los datos que difunde el Ejecutivo y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Rosario, Santa Fe, Rafaela y otras ciudades intermedias atraviesan episodios que reconfiguran el mapa de la inseguridad y ponen en tensión el modelo de gestión que el oficialismo busca consolidar de cara a los próximos años.
En Rosario, los registros oficiales indican que 2025 cerrará con alrededor de 112 homicidios, una cifra superior a la de 2024, aunque muy por debajo de los picos históricos de 2022 y 2023. Desde el Ministerio de Seguridad provincial se insiste en que estos números se asemejan a los de etapas previas al estallido del narcotráfico y se los atribuye a un mayor control carcelario, más presencia policial y al impacto de la ley de microtráfico.
Sin embargo, el aumento en el uso de armas de fuego y hechos puntuales de alto impacto, como ataques múltiples en barrios del sur rosarino, reavivan una sensación conocida: la de un control que aparece como frágil y fácilmente reversible. Más allá del descenso respecto de los años más violentos, el temor vuelve a instalarse en la vida diaria de muchos vecinos.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se corre el foco fuera de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, una seguidilla de homicidios en pocos días volvió a exponer la persistencia de la violencia urbana, con casos ocurridos en distintos barrios y bajo modalidades diversas. A esto se suma la reiterada presencia de jóvenes involucrados y contextos de alta vulnerabilidad social, que refuerzan la percepción de desprotección.
Rafaela tampoco quedó al margen. Un homicidio reciente en plena vía pública generó conmoción en una ciudad que históricamente se mostraba ajena a estos niveles de violencia. La participación de un menor como presunto autor del hecho volvió a encender alertas sobre el avance del delito y las limitaciones de los dispositivos de prevención.
El dato político de fondo es claro: Rosario concentra la mayor inversión en seguridad de toda la provincia. Aun así, la violencia no desaparece y obliga al gobierno a administrar con cuidado una de sus principales banderas de gestión. En el interior, con menos recursos y menor presencia estatal, la inseguridad aparece directamente desbordada y la idea de “calle liberada” deja de ser una percepción aislada.
El desafío para la gestión provincial no pasa solo por mostrar estadísticas más favorables que en los peores años, sino por lograr que esos números se traduzcan en tranquilidad concreta para la población. Mientras tanto, la violencia sigue marcando la agenda cotidiana y tensionando un relato oficial que choca, cada vez más, con lo que se vive en la calle.
