Cattalini pidió celeridad al Consejo de la Magistratura en el caso del juez Salmain

La legisladora presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se acelere el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario.

En su presentación, Cattalini aportó nueva información que —según explicó— “refuerza la necesidad de una actuación urgente por parte del Consejo para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.

Entre los elementos incorporados al expediente, mencionó una investigación penal sobre una operación financiera de diez millones de dólares presuntamente autorizada por Salmain en favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei, quien habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje de la transacción. También sumó testimonios que lo vinculan con pedidos de dinero a cambio de resoluciones judiciales y denuncias por acoso y persecución laboral a empleados de su juzgado.

Para la diputada socialista, estos hechos revelan un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial. “Insto a la jueza Alejandra Provítola, a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, a que avance con la celeridad y seriedad que el caso requiere. La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige que el Consejo actúe con responsabilidad y sin dilaciones”, señaló.

Un antecedente grave
Salmain está bajo investigación desde julio, cuando se descubrió que omitió declarar un antecedente de cesantía en el currículum con el que concursó como juez. Ese hecho data de hace dos décadas, cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno. La situación derivó en un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura.

En agosto, Cattalini pidió a la Corte Suprema una copia de los antecedentes presentados por Salmain para su concurso de 2022 y de la resolución de cesantía omitida en su declaración jurada, documentación que luego fue elevada al Consejo.

“La omisión de antecedentes de esta naturaleza reviste una gravedad institucional. Ocultar información en una declaración jurada impide que los organismos responsables de evaluar y designar magistrados puedan realizar los controles correspondientes”, advirtió la diputada.

Y concluyó: “Cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial. Es momento de actuar con decisión para que la Justicia vuelva a estar a la altura de lo que la sociedad espera”.