LORENA ACOSTA
La Justicia Federal Electoral hizo lugar a una denuncia presentada por sectores opositores contra el Gobierno de Santa Fe, al considerar que se incurrió en el uso político de recursos provinciales y de la publicidad oficial durante el período electoral.
La resolución, basada en los artículos 64 quáter y 133 bis del Código Electoral Nacional, obliga al Ejecutivo provincial a cesar en un plazo de 24 horas toda difusión institucional o acto oficial con fines electorales, medida que regirá hasta el 24 de octubre de 2025.
Según el fallo, la decisión busca preservar la equidad del proceso electoral y evitar ventajas indebidas a través del uso del aparato estatal. De esta manera, la Justicia marcó un límite al aprovechamiento de recursos públicos para la promoción partidaria.
Hasta el momento, el gobierno de Maximiliano Pullaro no emitió un comunicado oficial sobre la sentencia. Sin embargo, especialistas en derecho electoral destacaron la importancia del fallo como precedente para reforzar la transparencia y la igualdad de condiciones en campañas políticas.
El caso vuelve a poner en debate la delgada frontera entre la gestión pública y la propaganda partidaria, un tema recurrente en los procesos electorales argentinos.
