SOFIA ZANOTTI
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de ley que actualiza y garantiza fondos para las universidades públicas, en una jornada que expuso las tensiones entre el Congreso y el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y será girada al Senado, donde se anticipa una aprobación sin mayores obstáculos.
El texto, redactado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establece una recomposición presupuestaria desde mayo hasta diciembre de 2024 y una actualización bimestral desde enero de este año en base al índice de inflación. Además, fija que el presupuesto universitario debe alcanzar al menos el 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
La iniciativa también contempla partidas especiales para la creación de carreras estratégicas, la convocatoria a paritarias docentes y no docentes, y el reconocimiento de sumas salariales no remunerativas. Se incorpora, además, un esquema de control externo a través de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Durante el debate parlamentario, la diputada Blanca Osuna (UxP) denunció el deterioro del sistema educativo, mientras que Danya Tavela (Democracia para Siempre) apeló a una “responsabilidad moral” por parte de los legisladores, muchos de ellos egresados del sistema universitario público.
Desde el oficialismo, Mercedes Llano (LLA) advirtió que la medida impacta negativamente en la política de “déficit cero” y carece de respaldo financiero claro. La diputada señaló que viola el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. En la misma línea, Carlos Zapata calificó el proyecto como “antojadizo”.
En contraste, Martín Tetaz (UCR) defendió la iniciativa al argumentar que no implica nuevos gastos, sino la actualización de partidas existentes. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció un “desprecio deliberado” del Gobierno hacia la universidad pública.
Tras la aprobación, desde las cuentas oficiales de La Libertad Avanza se reiteró una consigna firme: “El superávit fiscal no se negocia”.
