
Con 36 años, el intendente de Venado Tuerto fue elegido para conducir el radicalismo a nivel nacional, marcando un fuerte recambio generacional en un partido atravesado por debates internos y desafíos estratégicos.

El vínculo entre el gobernador santafesino y el presidente Milei atraviesa su peor momento. Entre desaires, acusaciones y falta de fondos, crece una pulseada que ya es política y electoral.
Política Sta Fe22/07/2025
LORENA ACOSTA

La relación entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ingresó en una etapa de alta conflictividad. Lo que inicialmente fue un vínculo institucional, con intercambios prudentes y acuerdos parciales, derivó en una confrontación abierta que combina tensiones presupuestarias, disputas judiciales y una creciente lucha por la representación política en el interior del país.
La última polémica se desató tras una reunión del mandatario nacional con la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Palermo. Según trascendidos, Milei habría expresado su intención de “disciplinar a los gobernadores”, aludiendo en forma directa a Pullaro y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La frase, revelada por el periodista Marcelo Bonelli en Clarín, provocó fuerte malestar en la Casa Gris, especialmente porque el encuentro incluyó a representantes rurales santafesinos, cercanos al Ejecutivo provincial.
En respuesta, el gobierno de Santa Fe intensificó su señalamiento sobre el deterioro de las rutas nacionales dentro del territorio provincial. Carteles con la leyenda “¡ATENCIÓN! Aquí empieza la ruta nacional mantenida por el Estado Nacional” fueron instalados en distintos puntos, marcando una posición política sin atacar de forma directa, pero dejando clara la responsabilidad federal.
Pullaro insiste en que, si Nación no va a invertir en mantenimiento vial, al menos debería ceder el control formal de las rutas a la provincia. “No es justo que los ciudadanos crean que son rutas provinciales cuando no lo son”, expresó recientemente. La discusión se da en paralelo a un conflicto judicial por la deuda previsional que mantiene el Estado nacional con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, estimada en más de 1,8 billones de pesos.
El ministro Lisandro Enrico denunció además que el gobierno nacional propuso negociar obras de infraestructura a cambio de desistir del reclamo judicial. “Las rutas no pueden ser moneda de cambio”, expresó, marcando un límite institucional ante lo que consideran una presión indebida.
En este escenario, Santa Fe también enfrenta obstáculos para obtener autorización nacional que le permita emitir bonos y financiar obras clave para el desarrollo productivo. A pesar de que los fondos no afectarían el presupuesto nacional, la operación sigue sin aval del Ministerio de Economía, lo que funcionarios provinciales interpretan como una decisión política.
La tensión se da en un contexto preelectoral. En octubre se renovarán bancas legislativas y tanto La Libertad Avanza como Unidos buscan captar al mismo electorado. Pullaro evita un quiebre total con la Casa Rosada, consciente de que parte de su base también votó a Milei. Pero la estrategia de diferenciación es cada vez más evidente, tanto en el plano de la gestión como en el discurso.
En ese marco, gobernadores no alineados al peronismo, con Rogelio Frigerio como articulador informal, comienzan a organizarse para enfrentar la falta de respuestas del Ejecutivo nacional.
El conflicto Milei–Pullaro parece exceder la obra pública o los recursos. La verdadera disputa es por el liderazgo político del interior y el rol de las provincias en una Argentina en crisis.

Con 36 años, el intendente de Venado Tuerto fue elegido para conducir el radicalismo a nivel nacional, marcando un fuerte recambio generacional en un partido atravesado por debates internos y desafíos estratégicos.

Un medio libertario acusó al gobierno de Pullaro por supuestas irregularidades en una obra adjudicada. Lisandro Enrico negó las versiones y afirmó que en Santa Fe las licitaciones “se ganan por precio y capacidad técnica”.

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El gremio bancario denunció seis despidos en el Nuevo Banco de Santa Fe y reclamó que la Provincia intervenga para hacer cumplir el convenio que garantiza la estabilidad laboral.

El gobernador apoyó que Nación cuente con una Ley de Presupuesto, pero advirtió que la provincia continuará reclamando rutas, infraestructura y recursos para educación, salud y discapacidad. También opinó sobre los incidentes en el Congreso.

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