LORENA ACOSTA
En medio del desarrollo de la histórica Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de no tomar licencia como mandatario provincial mientras ejerce simultáneamente como convencional constituyente ha generado una fuerte polémica en el ámbito político santafesino.
Pullaro fue electo para formar parte de la Convención, y su participación está amparada legalmente. Sin embargo, la controversia no radica en su habilitación formal, sino en la dimensión ética de su decisión: se trata de un proceso institucional clave que podría habilitar reformas que lo beneficien directamente, como la modificación de reglas sobre reelección o atribuciones del Ejecutivo.
Mientras tanto, algunos dirigentes opositores marcan el contraste con gestos que buscan preservar la imparcialidad del proceso. Tal es el caso del intendente de Pérez, Pablo Corsalini (PJ), quien decidió tomar licencia de su cargo para dedicarse de lleno al trabajo constituyente. “Creo que es lo mejor para mi ciudad”, argumentó, marcando una diferencia que apunta a la coherencia institucional y a la dedicación exclusiva que demanda esta tarea.
Desde el oficialismo, Unidos para Cambiar Santa Fe intentó dar señales de transparencia anunciando que sus convencionales renunciarían a la dieta. No obstante, el gesto de Corsalini reabrió un debate más profundo: ¿cómo se garantiza la legitimidad política de un proceso reformista si quienes lo conducen no se apartan temporalmente de sus funciones ejecutivas?
Además de Pullaro, otros tres ministros del gabinete provincial fueron electos como convencionales y podrían incorporarse sin solicitar licencias, lo que refuerza las críticas sobre la superposición de funciones en un momento clave para la institucionalidad santafesina.
Aunque no hay impedimento legal para que Pullaro continúe en ambos roles, distintas voces sostienen que una reforma constitucional de esta envergadura debe sostenerse también en el ejemplo ético de quienes la impulsan. En definitiva, no se trata solo de respetar la letra de la ley, sino de garantizar que el espíritu del proceso esté a la altura de la transformación que se propone.
