El gremio judicial desconfía de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y cuestiona el posible blindaje político detrás de la reforma.
Política Sta Fe06 de junio de 2025
LORENA ACOSTA
El conflicto entre el Poder Judicial santafesino y el gobierno de Maximiliano Pullaro suma un nuevo capítulo. A los reclamos por recortes presupuestarios y condiciones laborales, ahora se incorpora un fuerte rechazo a la propuesta de otorgar rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación (MPA), impulsada por la fiscal general María Cecilia Vranicich.
Desde el gremio que representa a los trabajadores judiciales sostienen que esta modificación, presentada como una garantía de independencia, podría en realidad consolidar una mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre la Justicia penal. El temor radica en que la consagración constitucional del MPA, sin mecanismos de control eficaces, lo convierta en una estructura con fuerte alineación política.
"Estamos ante una maniobra que, lejos de fortalecer la división de poderes, podría cristalizar la subordinación de la Justicia penal al poder de turno", advirtieron representantes gremiales en declaraciones informales. La inquietud se profundiza en un contexto de recortes, salarios rezagados y precarización laboral.
Además, diversos actores del ámbito judicial ven con recelo el protagonismo que está adquiriendo la Fiscalía General, lo que genera fisuras en el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo. Mientras tanto, la propuesta de Vranicich sigue ganando espacio en el plano político, aunque enfrenta resistencias internas tanto técnicas como ideológicas.
La discusión sobre el lugar del MPA en la futura Constitución santafesina deja en evidencia un escenario institucional cada vez más tenso, donde la desconfianza y el reclamo por mayor participación marcan el pulso del conflicto.
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