La ministra de Seguridad se adjudicó el operativo que decomisó 450 kilos de cocaína en un buque en San Lorenzo, aunque fue el propio capitán quien denunció la carga sospechosa al atracar.
Política 02 de mayo de 2025
GASTON PAROLA
El hallazgo de 450 kilos de cocaína ocultos en un buque atracado en el puerto de Vicentin, en San Lorenzo, generó una fuerte repercusión política y mediática. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó al lugar para fotografiarse junto al cargamento y calificó el operativo como un “knock out al narcotráfico”, resaltando el trabajo de la Unidad de Información Financiera, la Aduana, la Justicia Federal y su propio ministerio.
Sin embargo, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el descubrimiento de la droga no fue resultado de una investigación previa ni del accionar de perros antinarcóticos, como se insinuó oficialmente. Fue el propio capitán del buque —de bandera de Islas Marshall y proveniente de Emiratos Árabes, con escala en Montevideo— quien, al atracar en el puerto sanlorencino, advirtió a Prefectura Naval sobre la presencia de una carga desconocida en la cámara frigorífica de la bodega.
El navío, identificado como Ceci, iba a cargar pellets de girasol para luego dirigirse al puerto de Ámsterdam, en los Países Bajos. A bordo viajaban 21 tripulantes, todos de nacionalidad filipina. Tras la denuncia del capitán, las autoridades realizaron una inspección que derivó en el secuestro de los paquetes de droga prensada, con un valor estimado de mercado cercano a los 6 millones de dólares.
El fiscal federal Claudio Kishimoto está a cargo de la causa e investiga ahora el origen de la carga y el punto exacto en el que fue introducida en el buque. Mientras tanto, los 20 tripulantes restantes permanecen detenidos para dilucidar su posible responsabilidad. El capitán, en cambio, no fue arrestado, dado que su denuncia fue clave para el hallazgo.
El caso abre interrogantes sobre los controles en puertos internacionales y la verdadera eficacia de los operativos oficiales cuando la información proviene, en realidad, de actores externos al Estado.
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