Activistas y organizaciones sociales se movilizan en Rosario este sábado para exigir una nueva legislación sobre el cannabis, denunciando la criminalización y las trabas burocráticas que afectan a usuarios y emprendedores.
Sociedad02 de mayo de 2025
GASTON PAROLA
Rosario será uno de los puntos clave de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) este sábado 3 de mayo, un evento global que busca visibilizar la lucha por la reforma de la Ley de Drogas 23.737, vigente desde 1989. La convocatoria local, que reunirá a organizaciones cannábicas, activistas y usuarios, partirá de la Plaza San Martín a las 15:00 y concluirá en el Parque Nacional a la Bandera con una serie de actividades que incluyen recitales, DJs, mesas informativas y una feria de emprendedores cannábicos.
Este año, la consigna central es clara: "Por una nueva ley de drogas con perspectiva de derechos humanos. ¡Basta de personas presas por marihuana!". Desde la Asamblea Cannábica de Rosario, se denuncia que la actual legislación sigue criminalizando el consumo, cultivo y tenencia de cannabis, afectando principalmente a sectores populares, racializados y feminizados.
En un contexto global en el que muchos países avanzan hacia modelos de regulación del cannabis basados en la salud pública y los derechos humanos, Argentina permanece anclada en un enfoque punitivo. Aunque existen leyes para el cannabis medicinal (Ley 27.350) y el cáñamo industrial (Ley 27.669), organizaciones locales denuncian que las trabas burocráticas y las políticas restrictivas del gobierno dificultan el ejercicio efectivo de estos derechos y el desarrollo de la industria cannábica.
Uno de los testimonios más elocuentes sobre la situación local proviene de Emanuel Ramírez, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cannabis Argentum, quien destacó las restricciones impuestas por la actual administración, liderada por Javier Milei. Según Ramírez, las licencias para la producción de cannabis están en peligro de no ser renovadas, lo que pone en riesgo tanto la producción como el acceso a la medicina cannábica. “Hoy los ensayos están en peligro y el gobierno no está permitiendo renovar licencias que ya han sido otorgadas”, explicó.
Por su parte, Silvia Inchaurraga, secretaria general de ARDA, agregó que la marcha, que nació en Rosario en 2002, se ha expandido más allá de las organizaciones cannábicas, convocando a ciudadanos interesados en la problemática. Inchaurraga subrayó que la actual legislación sigue penalizando a quienes poseen pequeñas cantidades de cannabis para consumo personal, lo que ha generado un ambiente de persecución policial, especialmente en sectores vulnerables.
Paula Sarkissian, de la Casa de las Flores, también se sumó a las críticas, advirtiendo sobre el retroceso en la aplicación de los derechos de los usuarios y productores de cannabis en el contexto local. “El gobierno de Javier Milei ha asociado el consumo de marihuana con el narcotráfico, lo que entendemos como una estrategia para demonizar a los usuarios”, aseguró.
Principales demandas:
La comunidad cannábica exige:
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