El Gobierno Acusa a la Oposición de Apropiarse del 24 de Marzo y Avanza en la Desclasificación de Archivos de la Dictadura

Este lunes, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno nacional dio un paso más en la “batalla cultural” sobre cómo se recuerda la dictadura y sus consecuencias. La jornada, que conmemora el golpe de Estado de 1976, se convirtió en un nuevo escenario de enfrentamientos políticos. Mientras miles de personas se movilizaban a la Plaza de Mayo, el Gobierno acusó a la oposición de utilizar la fecha con fines políticos.

En un mensaje grabado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que durante años los archivos secretos relacionados con la dictadura, en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), estuvieron ocultos, accesibles solo para los gobiernos de turno. Según Adorni, estos documentos fueron utilizados de manera indebida con fines que aún se desconocen.

Como parte de una nueva estrategia, el Gobierno anunció que comenzará la desclasificación de estos archivos, los cuales serán puestos a disposición del Archivo General de la Nación, bajo la supervisión de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior. El proceso comenzará en las próximas horas, aunque las autoridades advierten que será un trabajo largo y complicado, por lo que los registros no estarán disponibles inmediatamente.

El conflicto también se reflejó en la movilización por el 24 de marzo, donde, además de la participación de sectores kirchneristas y de izquierda, miles de personas no identificadas con partidos políticos se unieron para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado. El Gobierno acusó a estas agrupaciones de apropiarse del feriado, argumentando que el día le pertenece a todos los argentinos y no solo a un sector político.

Además de esta polémica, el Gobierno también enfrenta tensiones con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que prepara un nuevo paro general para el 10 de abril. Este paro se suma a una serie de protestas que han marcado el año electoral, reflejando la creciente distancia entre los gremios y el Ejecutivo.