Brasil avanza en la castración química para abusadores de menores

La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el polémico proyecto que incluye medicamentos inhibidores de libido y un registro público de condenados.

Internacionales13 de diciembre de 2024GASTON PAROLAGASTON PAROLA
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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves un controvertido proyecto de ley que introduce la castración química como medida punitiva para personas condenadas por abuso sexual contra menores. La iniciativa, impulsada por el diputado Ricardo Salles del bloque bolsonarista, contempla la administración de medicamentos que reducen drásticamente la producción de testosterona, además de la creación de un registro público de agresores.

El proyecto recibió 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, siendo respaldado principalmente por partidos de derecha moderada y ultraderecha. La medida ahora deberá ser debatida en el Senado, donde aún no cuenta con un consenso claro.

El registro público de condenados incluirá fotografías e información personal, y será gestionado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). De ser aprobado definitivamente, Brasil se uniría a países como Estados Unidos y Rusia que ya aplican este tipo de tratamientos en casos graves de delitos sexuales.

Posturas divididas en el Congreso
El diputado Ubiratan Sanderson, del Partido Liberal, elogió la medida, señalando que es un “avance significativo”, pero añadió que la pena de muerte sería una solución más contundente para los delitos de pedofilia. Por su parte, el expresidente Jair Bolsonaro celebró el proyecto como un “paso histórico” en sus redes sociales.

En oposición, la diputada Talíria Petrone del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) cuestionó la efectividad de la castración química y argumentó que la educación sexual en las escuelas sería una mejor estrategia para prevenir abusos. “Es una farsa que no ataca las raíces del problema”, afirmó.

La medida ha generado un intenso debate en la sociedad brasileña, dividiendo opiniones entre quienes la ven como un mecanismo disuasivo y quienes la consideran una violación a los derechos humanos.

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