El expresidente Jair Bolsonaro y 36 colaboradores son señalados por la Policía Federal brasileña por intentar mantener el poder tras su derrota electoral en 2022. Se enfrentan a posibles cargos por delitos graves, incluidos golpe de Estado y organización criminal.
InternacionalesAyer
GASTON PAROLA
En un informe revelador, la Policía Federal de Brasil concluyó que el expresidente Jair Bolsonaro intentó perpetrar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva. Tras casi dos años de investigaciones, las autoridades solicitaron la imputación de Bolsonaro y de otras 36 personas, incluyendo a exministros y altos mandos militares.
Entre los posibles delitos señalados se encuentran la abolición violenta del Estado democrático de derecho, el golpe de Estado y la organización criminal, cuyas penas podrían sumar hasta 30 años de prisión. Figuras de alto perfil, como el exministro de Defensa, Walter Souza Braga Netto, y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, están en la lista de imputados, que fue publicada oficialmente a pesar de que el informe completo se mantiene bajo secreto judicial.
La investigación, que comenzó a principios de 2023, se centró en los eventos que siguieron al 8 de enero de ese año, cuando simpatizantes de Bolsonaro, descontentos con los resultados electorales, irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia. Según la policía, los implicados formaban una organización criminal que operaba de manera coordinada para mantener a Bolsonaro en el poder.
Además, se informó que el expresidente estaba al tanto de un plan para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a un juez del Supremo Tribunal Federal, lo que condujo al arresto de varios militares y un agente policial este mismo martes.
Las pruebas recolectadas incluyen registros telefónicos, bancarios y fiscales, junto con la colaboración del exayudante personal de Bolsonaro, Mauro Cid, quien accedió a una "delación premiada". La investigación identificó la existencia de seis grupos operativos, cada uno con una función específica, que iban desde la desinformación y la presión militar hasta acciones directas contra el sistema electoral.
La Procuraduría General de la República deberá ahora decidir si presenta cargos formales ante la Corte Suprema, en una causa liderada por el juez Alexandre de Moraes. La situación legal de Bolsonaro podría complicarse significativamente si se avanza en la imputación.
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