SOFIA ZANOTTI
El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos alcanzó un nuevo punto crítico con la reciente decisión del Ejecutivo de desregular el servicio de rampa en los aeropuertos del país. Este anuncio, realizado en la Casa Rosada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca romper el monopolio de Intercargo, la empresa estatal que actualmente se encarga de las operaciones de handling.
La medida se presenta como una respuesta a la situación crítica vivida en el Aeroparque Jorge Newbery, donde una sorpresiva huelga de Intercargo dejó a unos 2000 pasajeros varados y generó un colapso en la operación de varios vuelos. La falta de personal para el despacho y retiro de equipaje resultó en la cancelación de múltiples vuelos de aerolíneas como Flybondi y JetSmart, afectando a miles de viajeros.
"Estamos abriendo el juego a nuevas empresas y terminando con el monopolio de Intercargo. Este servicio había sido un cepo que impedía la entrada de nuevos operadores al mercado", declaró Mogetta durante la conferencia de prensa. Con la desregulación, cualquier persona jurídica podrá ofrecer servicios de rampa en todos los aeropuertos del país, permitiendo una mayor competencia y, potencialmente, mejores precios y servicios para los usuarios.
Además, la ministra Bullrich informó que, en situaciones de huelga, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) podrá intervenir para garantizar la continuidad de los servicios, permitiendo la descarga de equipaje y la atención a los pasajeros. "No permitiremos que los sindicatos tomen de rehén a los pasajeros. Esto marca el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos", afirmó Bullrich.
El Gobierno ha sido claro en su intención de avanzar hacia la privatización de Intercargo bajo un modelo de concesión, en línea con otras reformas en el sector del transporte. Esta medida se enmarca dentro de un plan más amplio que busca desregular diversos sectores económicos y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Sin embargo, los gremios aeronáuticos han respondido con preocupación ante estas medidas, advirtiendo que la desregulación podría llevar a una precarización del trabajo en el sector. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) ya ha anunciado acciones legales en respuesta a los despidos y a las medidas tomadas por el Gobierno, destacando que estas acciones afectan no solo a los trabajadores, sino también a los pasajeros.
La situación se mantiene tensa, y se espera que en los próximos días se lleven a cabo negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos para intentar encontrar una solución que garantice la operatividad de los servicios sin afectar los derechos de los trabajadores.
