El Gobierno impulsa un Código Penal más duro y con menos beneficios

El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal que busca modificar de forma profunda el sistema punitivo argentino. La propuesta apunta a endurecer sanciones, eliminar la prescripción en delitos considerados graves y restringir beneficios que hoy permiten morigerar condenas.

Según el anteproyecto, el objetivo es “poner fin a la impunidad” y cerrar la denominada “puerta giratoria”, que permite que personas condenadas accedan a libertades anticipadas o continúen delinquiendo. En este marco, el texto plantea que las penas deben ser proporcionales al daño causado y endurece los mínimos y máximos en un amplio abanico de figuras.

Entre los cambios más relevantes, el homicidio simple pasaría a tener una pena de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado —ya con prisión perpetua— sumaría nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente, ministros, menores de 16 o mayores de 65, o si el hecho ocurre en un sitio de concurrencia masiva utilizando elementos capaces de provocar múltiples muertes.

La iniciativa también eleva sanciones para delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En este último caso, la escala se ampliaría a 3 a 12 años, con agravantes que llevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena proyectada es de 4 a 12 años.

En materia de robos, el proyecto incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple pasaría a penas de 3 a 8 años cuando se cometa con fuerza, y de 3 a 10 años cuando haya violencia contra las personas.

Uno de los cambios estructurales es la imprescriptibilidad de múltiples delitos graves. No prescribirían los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “El paso del tiempo no puede impedir la búsqueda de justicia”, fundamenta el documento.

La reforma también apunta a garantizar mayor cumplimiento efectivo de las penas. Según cálculos oficiales, el 82% de los delitos contemplados implicaría prisión efectiva. Además, se amplía la lista de delitos que no podrán acceder a condena condicional, como robos especialmente agravados o portación ilegal de armas.

Quedarán excluidos de la liberación anticipada quienes hayan sido condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas, delitos dolosos cometidos por funcionarios y personas reincidentes. “Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente”, señala el anteproyecto.

Otro punto relevante es que las penas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar una resolución de la Corte Suprema. Las condenas perpetuas, por su parte, “no tendrán límite temporal”.

El texto además dispone que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio. También refuerza el marco de la legítima defensa y amplía la participación de las víctimas en decisiones judiciales que puedan afectarlas, como la evaluación de beneficios penitenciarios.