SOFIA ZANOTTI
El reciente veto del presidente Javier Milei a la ley que garantizaba el financiamiento universitario ha encendido la chispa de un conflicto que se extiende a lo largo de todo el país. Desde que se conoció la decisión en el Congreso, con 160 votos en defensa del financiamiento y 84 a favor del veto, las reacciones en las universidades no se hicieron esperar. El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció de inmediato un paro general en todas las instituciones de educación superior, mientras que los estudiantes comenzaron a tomar facultades y rectorados en señal de repudio.
Facultades emblemáticas de la UBA como Filosofía y Letras, Psicología, Exactas y Veterinarias fueron las primeras en sumarse a las tomas, a las que pronto se unieron universidades de Córdoba, Rosario, Mar del Plata y muchas más, incluyendo algunas que nunca habían sido ocupadas, como la Universidad Nacional de La Matanza. Las protestas se multiplican, con cacerolazos y clases públicas, en reclamo por lo que los gremios y estudiantes consideran un retroceso histórico en el acceso a la educación pública.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios educativos emitieron fuertes comunicados repudiando la decisión. Denunciaron que los legisladores "le dieron la espalda a las universidades públicas" y que este veto podría significar un colapso para el sistema educativo. Mientras tanto, el presidente Milei defendió su decisión afirmando que la ley anulada era una "excusa para que algunos se roben los recursos del pueblo", declaraciones que fueron acompañadas de un fuerte despliegue policial en las inmediaciones del Congreso durante las protestas.
A medida que la tensión aumenta, el movimiento estudiantil planifica nuevas acciones de resistencia, que incluyen una gran jornada de tomas simultáneas a nivel nacional.
