La diputada socialista presentó ante la justicia federal una denuncia contra el magistrado, y pidió que se investigue sobre presuntos hechos ilícitos en los que estarían involucrados él, el conocido narcotraficante Esteban Alvarado y el contador Gabriel Mizzau.
Política 08 de agosto de 2024 Marita Montero
La legisladora provincial del partido Socialista, Lionella Cattalini, presentó este jueves en la Justicia Federal de Rosario una denuncia formal contra el juez federal, Marcelo Bailaque, en la que solicita una investigación sobre posibles delitos que se habían ventilado tiempo atrás. Lo que pide la diputada es que se analice la participación del magistrado en una presunta red criminal y de corrupción vinculada con Esteban Alvarado, y el contador Gabriel Mizzau, quien, además de manejar los balances de las empresas de Alvarado, también tenía como cliente al propio juez Bailaque.
Previo a esta presentación, Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura que informe sobre el estado de la denuncia realizada en el año 2022, por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe contra Bailaque, por obstaculizar la investigación contra Esteban Lindor Alvarado desde el año 2013. Cabe destacar que recién en abril de este año, el Consejo dio lugar a dicha denuncia abriendo un sumario contra el juez federal.
“Hay claramente un vinculo de complicidad con la banda de Esteban Alvarado y su entorno. Hay un juez corrupto que es un obstáculo claro para que los narcos dejen de ir presos en Santa Fe y para que la Justicia sea real y efectiva, es mi compromiso”, dijo la socialista. La cadena de acusaciones contra el magistrado federal comenzó por la revelación que hizo el comisario Maximiliano Lencina, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, acerca de las tres veces que Bailaque se negó a autorizarle intervención a teléfonos de Alvarado cuando ya lo investigaban como el narcotraficante en ascenso que asomaba entonces en el plano local.
Aquella investigación, por tanto, quedó trunca y recién se retomó en 2019, cuando Alvarado cayó detenido por la investigación del secuestro y homicidio de un prestamista, hecho por el que acabó condenado en 2022.
Cattalini subrayó la necesidad de identificar a los responsables que han permitido la impunidad en estos casos. “En Rosario la justicia federal llegó siempre tarde. Hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato. Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia”, añadió la diputada.
Otro de los hechos presentados por la legisladora tiene que ver con la contratación sin concurso de Sebastián Mizzau, hijo de Gabriel Mizzau, en el juzgado federal dirigido por Bailaque. Según la información disponible, Mizzau hijo ingresó en 2017 al Juzgado Federal sin el debido proceso de concurso y fue ascendido el mes pasado al Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.
La diputada expresó su preocupación al afirmar: “Es un escándalo que un juez de la Nación comparta contador con el principal narco de la provincia de Santa Fe y que además, contrate al hijo de dicho contador para que trabaje en su juzgado. Bailaque manejó todas las causas contra Alvarado. Necesitamos esclarecer quiénes están protegiendo a este juez que se ha caracterizado por no investigar, llegar tarde y obstaculizar los procesos judiciales”.
En el contexto de la investigación, se dictó recientemente una orden de allanamiento sobre las oficinas de Gabriel Mizzau, contador personal del juez, pero también de Alvarado, en la tarea de armar empresas para blanquear las utilidades que depararon sus negocios ilegales.
Sin embargo, los domicilios declarados ante la AFIP no coincidían con los que en realidad utilizaba. “Que un contador no declare el domicilio real de su estudio es una falta grave. Y por supuesto que la primera hipótesis es que Bailaque le avisó a Mizzau que iban a allanarlo”, expresó Cattalini.
Finalmente, Cattalini se refirió a la situación de la justicia federal: “A nivel nacional corremos riesgo de que Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia, un juez acusado de corrupción, y que garantice impunidad para otros jueces corruptos. Por ejemplo, la de Marcelo Bailaque, cuyo sumario fue abierto por el Consejo de la Magistratura dos años más tarde de que los fiscales presentaran la denuncia”, dijo.
“La Justicia es esencial para investigar y sancionar adecuadamente. Si no funciona con eficacia, el crimen organizado avanzará mucho más rápido que el Estado, creando un aparato cada vez más grande que multiplica el delito en Santa Fe y en todo el país”, concluyó.
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