El Yomagate, 29 años después: los bienes decomisados en la causa aún no fueron rematados

Fue uno de los más importantes casos de corrupción que sacudieron al menemismo. Se descubrió una organización que lavaba dinero del narcotráfico internacional en la Argentina. Y una de sus integrantes -finalmente sobreseída- era nada menos que una pariente política del presidente de la Nación.
Carlos Menem era el presidente y su cuñada Amira Yoma, la secretaria de Audiencias de la Casa Rosada. Era ella quien tenía la llave para las reuniones personales con el mandatario. Era la hermana de Zulema Yoma, madre de dos hijos de quien fuera jefe de Estado entre 1989 y 1999. Y a Amira Yoma se la vinculó al esquema de lavado de dinero en la Argentina.
La primicia del caso la publicó Román Lejtman, quien en la actualidad es periodista de Infobae, y en 1991 trabajaba en el diario Página/12, que reveló algunos de los casos de corrupción en el poder Ejecutivo de entonces.
Mucho antes de la era de internet y de la globalización de las comunicaciones y las publicaciones, el caso llegó a Buenos Aires a través de un fax. El fax era un sistema de comunicación que servía para enviar documentos vía telefónica y que aún se utiliza en el Poder Judicial. Así se transmitió la primera información sobre el Caso Yoma desde Madrid a Buenos Aires.
 
Lejtman recordó cómo fue que se enteraron de la noticia de la investigación judicial por lavado de dólares del narcotráfico que involucraba a la cuñada del presidente de la Nación: “José María Pasquini Durán era secretario de redacción de Página/12 y tenía un amigo en Madrid que dirigía la revista Cambio16. Se trataba del argentino Juan Carlos Algañaraz. Una tarde, en 1991, Algañaraz le envía por fax a Pasquini Durán el texto de una nota que se publicaría horas después en España: hacía referencia a que Amira Yoma, por entonces secretaria privada del presidente Carlos Menem, aparecía supuestamente involucrada en una banda que transportaba y lavaba dinero sucio del narcotráfico. Junto a Yoma estaba su marido Ibrahim al Ibrahim y Mario Caserta, un puntero de Lanús que Menem colocó en un puesto menor de la administración pública. Esa nota fue reproducida en Página/12, Pasquini Durán me llamó -con su cálido vozarrón-, y me dijo: ¨Pibe, estás a cargo´. Así empezó la saga del Narcogate -para Página/12-, o Yomagate. Como gusten llamarlo".
Lejtman dio la primicia del Yomagate y realizó una extensa cobertura que terminó en la concreción de un libro llamado Narcogate. Historia inédita de las relaciones del presidente y sus amigos con el lavado de dólares, que publicó la editorial Sudamericana en 1993.
 
 

Lejtman resumió el Yomagate de la siguiente manera: ”Amira Yoma fue acusada de integrar una banda internacional de lavado de dólares sucios del narcotráfico que operaba en Europa, África y América Latina. Junto a Yoma, que al momento de iniciarse la pesquisa era cuñada del presidente Carlos Menem y su secretaria privada, estaba su hermano Emir, su esposo Ibrahim al Ibrahim y el puntero peronista Mario Caserta. El contacto principal de Yoma –Amira y Emir-era Monzer Al Kassar, un traficante de armas que también hacia trabajos de inteligencia para España, Siria, Estados Unidos e Israel. A cargo de la investigación estuvo la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. Servini de Cubría fue funcional al presidente Menem, al punto que cuando viajó a Madrid para conocer mejor el caso –que allí llevaba Baltasar Garzón-, se alojó en un departamento que tenía Jorge Antonio, un operador peronista que era amigo de Menem, de Juan Domingo Perón –de hecho los presentó en Guardia de Hierro en los 70- y que en su tiempo ocultó al asesino nazi Rudolf Eichmann. Servini de Cubría hizo muy bien su faena. La familia Yoma nunca fue condenada, Menem nunca fue procesado, Al Kassar jamás fue imputado por este caso, y el único que pagó fue Caserta, que estuvo años detenido y cambió la política por la religión evangelista”.
El caso había comenzado con la confesión del contador de la banda Andrés Cruz Iglesias quien había declarado- tal como se lee en el fallo de la Cámara Federal en el que se confirma las condenas del caso- que las valijas Samsonite con dinero proveniente del narcotráfico “era ingresado a la Argentina por el aeropuerto de Buenos Aires -Ezeiza- a través de Ibrahim, sindicado por el arrepentido como “jefe de aduanas del aeropuerto”, quien directamente o a través de su secretario entregaba el dinero que era transportado en maletas, maniobra que se llevaba a cabo los días lunes, coincidiendo con los vuelos directos desde E.E.U.U. a nuestro país, y en la cual también participó en una ocasión, en agosto de 1990, una cuñada del presidente Carlos Menem -Amira Yoma, esposa de Ibrahim-, quien había viajado junto a Ibrahim a Nueva York, trayendo a su regreso un millón de dólares estadounidenses (USD 1.000.000)”.
La causa comenzó el 7 de marzo de 1991. Un día antes se había publicado en Página/12 la información que provenía de España. Mario Caserta, vicepresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento, se presentó en la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal y realizó la denuncia por lo que había publicado Página/12. Con ello se garantizaban un proceso en Argentina que evitaría una posible extradición a los países donde se extendiera la investigación.
El caso estuvo a cargo originalmente de María Servini quien en julio de 1991 procesó a Amira Yoma. La jueza fue apartada y el expediente pasó al juzgado que tenía a cargo Amelia Berraz de Vidal quien en julio de 1992 le dictó la prisión preventiva a Amira Yoma y le concede la excarcelación previo pago de una fianza. Ibrahim al Ibrahim se fugó a Siria, desde donde alguna vez años después hizo declaraciones en un programa de TV.
Esa prisión preventiva contra Amira Yoma fue revocada por la Sala I de la Camara Federal que integraban Luis Riva Armayo y Horacio Vigliani en junio de 1993. El menemismo había cambiado jueces de la Cámara en aquel verano porque estaban por confirmar la prisión preventiva de Yoma. Luego de algunos trámites judiciales más Amira (en realidad Amalia Beatriz) Yoma fue sobreseída definitivamente. La política -como ha sucedido muchas veces desde entonces- se metió de lleno en el caso judicial.
Se determinó en la causa que los integrantes de la banda habían hecho inversiones en Argentina y también llevaron buena parte de los millones de dólares lavados al Uruguay previo ingreso al país por el aeropuerto de Ezeiza. En la Argentina habían armado empresas y comprado inmuebles y autos.
En 1992 comenzó lo que se denomina en los expedientes el “incidente de administración de bienes” para mantener bajo control judicial los bienes secuestrados a la espera de una condena para luego ser subastados.
Cuando se van a cumplir 29 años del inicio de aquel escandaloso caso de corrupción del menemismo, los bienes incautados en ese recordado y lejano proceso, aún siguen sin ser rematados. 
La condena contra Mario Caserta y otros de los imputados fue firmada por el ex juez federal y ex camarista federal Jorge Luis Ballestero en septiembre de 2003. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y cinco hechos de introducción de dinero proveniente del narcotráfico. Varios inmuebles comprados con el producto del lavado de dinero y afectados a la causa fueron decomisados entonces y continúan bajo administración judicial.
En 2006 fue confirmada la sentencia de Ballestero por quienes por entonces integraban la Sala I de la Cámara Federal porteña: Eduardo Freiler y Horacio Vigliani. La condena de Caserta se fijó en cinco años de prisión pero como había pasado detenido tres y cuatro meses, se le computaron aquellos días por la “Ley del 2x1” y se consideró que había pasado cuatro años y cuatro meses en prisión, por lo que no tuvo que volver a cumplir la condena de manera efectiva.
 
Entre los bienes decomisados por Ballestero hace más de 16 años se hallan varias casas lujosas ubicadas en la zona Norte del conurbano bonaerense. Una situada en la calle Alvear al 800 en San Isidro. Otra en Montes Grandes al 1200, Acassuso y la tercera en Lavalle 2000 de Martínez. La banda había comprado también varios departamentos en el edifico de la calle Juncal 12 en San Isidro, que fueron decomisados. Y dos departamentos en la calle Lavalle al 1100 de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta 2017 estuvo bajo administración judicial un departamento de la calle Perón al 2300 en la Ciudad de Buenos Aires que perteneció a Ibrahim al Ibrahim. Ese departamento no fue decomisado. En 2015 el juez Ariel Lijo, a cargo del juzgado donde en los 90 quedó radicada la causa, dictó el sobreseimiento por prescripción para Ibrahim al Ibrahim, Cruz Iglesias y otros de los imputados que estaban prófugos y se presume fuera del país.
Desde que el Poder Judicial embargó primero, y decomisó después los bienes del Caso Yoma, hubo cuatro administradores judiciales a cargo. El último fue designado en 2011 y entre sus tareas, por las que cobra, tiene la obligación de presentar informes sobre el estado de los bienes, realiza los contratos de alquiler, cobra y rinde mensualmente ese dinero.
En julio de 2014 los bienes decomisados quedaron en manos de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición de bienes afectados a causas de droga. Esa comisión está integrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). En 2018 los bienes fueron puestos nuevamente a disposición de la Comisión.
El artículo 39 de la Ley 23737 establece: “Los bienes o el producido de su venta se destinarán a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo”. A partir de ello se creó la Comisión Mixta que aún tiene bajo su control los bienes del Caso Yoma.
Las casas y los departamentos aún no se han rematado. Cuando el remate se produzca, se podrá usar el dinero para los fines previstos por la ley.