Oscar A Canavese
La CGT no irá a una medida de fuerza para responder al veto presidencial sobre la ley antidespidos y en cambio reforzará las gestiones para hacerse de 2.700 millones de pesos para sus obras sociales. En las tres versiones de la central obrera descartaron la posibilidad de avanzar hacia un paro o una protesta nacional como reclamó Pablo Micheli, de una de las CTA, y le dieron al Gobierno una tregua virtual hasta agosto, cuando se definirá la reunificación de todos los sectores. En el Ejecutivo dijeron que antes de mitad de año se hará el desembolso prometido.
El desinterés de motorizar una protesta en la principal organización gremial abarca la mayoría de los grupos internos y tiene razones convergentes: por un lado, son pocos los dirigentes con sindicatos afectados directamente por la ola de despidos; la preocupación, en cambio, está más enfocada en la negociación de paritarias pendientes, como el caso de los camioneros de Hugo Moyano; tampoco la herramienta parlamentaria elegida terminó de convencerlos, más allá de que hubiera diputados de esa extracción que terminaron por votarla, y además prefieren en su mayoría no quedar asociados a un eventual rótulo de desestabilizadores con una administración que atraviesa sus primeros meses de gestión.
Fue el diagnóstico que compartieron los líderes reunidos durante el fin de semana a instancias de la Iglesia Católica en Mar del Plata. Del encuentro participaron Moyano y Antonio Caló con referentes de la CGT "Azul y Blanca", aunque su jefe, Luis Barrionuevo, alegó no haber concurrido por problemas de salud. También estuvieron los dos líderes de sendas fracciones de CTA, Hugo Yasky y Micheli, quienes impulsan la adopción de medidas de fuerza. Ayer mismo, Yasky dijo en C5N que había preacordado con sus pares de la CGT avanzar con la convocatoria a una huelga hacia junio, algo que fue desmentido el domingo por la noche en la central mayoritaria.
Es más: en la CGT sus referentes explicaron que sus pares de la CTA quedarán con poco margen para convocar a una protesta sin la participación de los gremios más numerosos ni los del transporte. En ese sentido dijeron que de avanzar hacia una huelga por su cuenta, Yasky y Micheli correrán el riesgo de quedar expuestos en su debilidad relativa.
La mirada de los gremialistas históricos está puesta en otro lado. Buscan acelerar las gestiones ante la Superintendencia de Servicios de Salud para destrabar el desembolso de $ 2.700 millones adicionales al presupuesto anual de ese organismo, que maneja un técnico alineado con la CGT, Luis Scervino. En el Ejecutivo confirmaron que esa promesa sigue en pie y aseguraron que antes de mitad de año se habrá resuelto el mecanismo para entregar el dinero, como había revelado en abril este diario.
Se trata de reorientar excedentes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que acumula aportes de las propias obras sociales para la atención de casos de alto costo y complejidad) correspondientes a 2015 y que la Superintendencia distribuirá para el pago de expedientes atrasados. En paralelo, y con el mayor sigilo, gremialistas y funcionarios mantienen en pie las negociaciones para el reparto de todo el FSR, que en la actualidad suma unos 30 mil millones de pesos.
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