La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que endurece las penas por delitos cometidos en establecimientos agropecuarios. La propuesta contempla sanciones que van desde un mes de prisión por ingreso no autorizado hasta diez años en casos agravados de daños a la producción. Ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain, recibió 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Propone incorporar al Código Penal figuras específicas para proteger cultivos, ganado, granos almacenados e instalaciones utilizadas en la actividad rural. Las nuevas escalas penales todavía no están vigentes.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del artículo 184 bis, que establece penas de dos a ocho años de prisión para daños contra bienes productivos. Además, prevé multas equivalentes a entre tres y doce veces la magnitud del perjuicio causado.
La protección prevista alcanza a los granos almacenados, incluidos los silobolsas, las cosechas, el ganado y los insumos. También comprende sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares, cerramientos y alambrados, instalaciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos.
El máximo de la pena podrá elevarse a diez años cuando existan circunstancias agravantes. Entre ellas, el proyecto incluye la participación coordinada de tres o más personas, el empleo de violencia y los hechos que provoquen la pérdida total de una producción o la interrupción completa de su ciclo de trabajo.
Por otra parte, la incorporación del artículo 150 bis apunta al ingreso no autorizado a campos o fincas rurales. Para esa conducta, la propuesta fija una escala de un mes a un año de prisión. El castigo podrá llegar a dos años si la intrusión ocasiona perjuicios significativos para la producción o genera peligro para personas, animales o cultivos.
Ese apartado contempla eximentes para situaciones debidamente justificadas de emergencia o auxilio. También considera los casos en los que los inmuebles carezcan de una delimitación clara, una salvedad relevante para determinar el alcance de la conducta sancionada.
Durante el debate, legisladores de la oposición cuestionaron aspectos técnicos y el alcance de la tipificación de los delitos. Los sectores que respaldaron la reforma destacaron, en cambio, las consecuencias de la inseguridad rural sobre la rentabilidad y el funcionamiento de pequeños y medianos productores.
Con la votación en Diputados, el proyecto completó la primera instancia de aprobación parlamentaria. El tratamiento en la Cámara Alta será el próximo paso para definir si estas modificaciones se incorporan al Código Penal.
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