La Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 profesionales de los servicios de practicaje y pilotaje a retomar de manera inmediata sus actividades en los puertos y vías navegables del país.
La medida fue comunicada este martes mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en medio de un conflicto que mantiene demorados alrededor de 140 buques y afecta el movimiento del comercio exterior argentino.
El reclamo comenzó el sábado 1 de agosto, cuando prácticos, pilotos y baqueanos decidieron no aceptar nuevas asignaciones de trabajo. Los profesionales exigen que el Gobierno suspenda o derogue el Decreto 690/2026, que modificó las reglas que regulaban la actividad desde 1991.
En el documento oficial, Prefectura ordenó a los trabajadores ponerse nuevamente a disposición para cumplir regularmente las funciones para las que están habilitados.
La paralización tiene especial incidencia en las terminales ubicadas en Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, uno de los principales polos agroexportadores de la Argentina.
Numerosos buques permanecen fondeados y a la espera de autorización para ingresar, cargar mercadería o abandonar las terminales.
La situación resulta relevante para Santa Fe debido a que buena parte de la producción agrícola del país se exporta a través de los puertos instalados sobre el río Paraná. Una prolongación del conflicto podría provocar mayores demoras logísticas y costos adicionales para el sector exportador.
Los barcos destinados al transporte de petróleo y gas, en tanto, continúan operando para evitar inconvenientes en el abastecimiento interno de combustibles.
El practicaje es un servicio especializado que asiste a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de puertos, ríos, pasos y canales considerados complejos.
El Decreto 690/2026 introdujo modificaciones centrales en el funcionamiento de la actividad. Entre ellas, eliminó los cupos para la inscripción de nuevos profesionales y autorizó a armadores y agencias marítimas a contratar prácticos de manera directa.
También estableció la posibilidad de fijar topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Otro de los puntos cuestionados permite que determinados capitanes, luego de acreditar una cantidad de viajes en una zona, puedan navegar sin contratar obligatoriamente el servicio de un práctico.
Los profesionales sostienen que la desregulación puede afectar las condiciones laborales y la seguridad de la navegación. El Gobierno, por su parte, impulsa los cambios con el argumento de aumentar la competencia y reducir los costos de la actividad portuaria.
