SOFIA ZANOTTILa situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina que permanece retenida en Brasil, sigue avanzando y su defensa ya reconoce que podría enfrentar una condena. Así lo expresó su abogada, Carla Junqueira, quien señaló que la joven “va a tener que cumplir algún tipo de pena”, aunque remarcó que el objetivo es que ese cumplimiento pueda trasladarse a la Argentina.
Actualmente, Páez se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, acusada por injuria racial. En ese marco, la fiscalía brasileña solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva, al considerar que existieron tres hechos diferenciados.
Sin embargo, la defensora sostuvo que ese pedido es difícil de sostener. Según explicó, para llegar a una condena de esa magnitud deberían comprobarse tres delitos distintos, con víctimas diferentes y en momentos separados, algo que —según la estrategia de la defensa— no está acreditado en el expediente.
Junqueira indicó que la acusación se apoya en un video viralizado, en las declaraciones de las presuntas víctimas, en el testimonio del gerente del bar y en imágenes captadas dentro del local. Desde la fiscalía entienden que esos elementos son consistentes entre sí y que permiten hablar de un concurso material de delitos.
Por otro lado, la defensa plantea una lectura distinta. La abogada afirmó que las imágenes del interior del bar no aportan una prueba concluyente y que solo muestran una discusión vinculada al pago de la cuenta. También remarcó que no hay audio en la grabación ni gestos que permitan confirmar de manera directa la existencia de insultos durante esa secuencia.
En esa línea, explicó que la reacción de Páez se produjo en un contexto de tensión, cuando ya estaba alterada y, según relató, se sintió impedida de retirarse del lugar junto a unos amigos. Fue entonces cuando, de acuerdo con la versión de la defensa, realizó un gesto obsceno hacia un empleado de seguridad, una conducta que en Brasil puede ser considerada delito.
La letrada calificó ese episodio como una “retorsión inmediata” y señaló que la pena mínima para un hecho de estas características es de dos años. Por eso, anticipó que buscarán ante el juez distintas alternativas para que esa eventual condena pueda cumplirse fuera de Brasil.
Además, sostuvo que no serían necesarias nuevas medidas cautelares y consideró viable que Páez continúe el proceso o incluso cumpla la pena en Argentina, bajo un sistema de monitoreo. También mencionó que, por tratarse de un caso encuadrado como racismo, la legislación brasileña no permite probation ni reemplazar la pena por tareas comunitarias.
De esta manera, la defensa ya admite que la joven podría recibir una sanción penal, aunque intenta evitar el escenario más grave planteado por la fiscalía y apunta a una salida con cumplimiento controlado desde territorio argentino.
