SOFIA ZANOTTILa Cámara de Diputados comenzará este miércoles el debate sobre la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca modificar el alcance de las zonas protegidas y habilitar nuevas posibilidades de inversión en minería e hidrocarburos.
El tratamiento se iniciará desde las 10 en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente, presidida por el diputado José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno busca avanzar rápidamente para convertirlo en ley antes de fin de mes.
La iniciativa apunta a redefinir qué áreas periglaciares deben ser consideradas reservas estratégicas de agua. En ese marco, propone eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en esos territorios y permitir su desarrollo siempre que exista una evaluación de impacto ambiental favorable.
/contenido/86170/pullaro-resalto-la-fuerte-baja-de-homicidios-en-santa-fe
Además, el proyecto otorga mayor protagonismo a las provincias para determinar qué zonas deben ser protegidas y cuáles podrían habilitarse para proyectos productivos, reduciendo la intervención del Estado nacional.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitiría destrabar inversiones millonarias en minería e hidrocarburos, especialmente en provincias cordilleranas interesadas en impulsar proyectos de explotación de recursos naturales.
Sin embargo, la propuesta genera preocupación en organizaciones ambientalistas y en sectores de la oposición. Según advierten, la modificación podría debilitar las restricciones vigentes y poner en riesgo áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.
La ley actual, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, compuestas por suelos congelados, rocas y sedimentos que cumplen funciones clave en el almacenamiento y provisión de agua.
Con la reforma, se mantendría la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, pero se abriría la posibilidad de explotación en zonas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable.
