El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
Política 18/11/2025
SOFIA ZANOTTI
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó este martes ejecutar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de que la sentencia dictada en 2022 quedara firme tras su ratificación en junio pasado.
La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, abarca un total de 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período investigado, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El valor del decomiso había sido fijado inicialmente en $84.835 millones, pero fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones —equivalentes a unos 500 millones de dólares— utilizando criterios técnicos avalados por la Corte Suprema. Ante el incumplimiento del pago solidario por parte de los condenados, el tribunal dispuso avanzar con la realización y venta de los activos.
Entre los bienes alcanzados aparecen propiedades del empresario Lázaro Báez y de firmas vinculadas a su grupo económico, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. También se incluyen terrenos, hoteles y departamentos ubicados en Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida involucra además un inmueble registrado a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y diversos bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal sostuvo que existió un circuito de beneficios indebidos derivado de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que generó un incremento patrimonial ilícito.
Los magistrados rechazaron los planteos defensivos, entre ellos la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, los sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación a terceros. En su fallo reafirmaron que el decomiso no exige una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos de la maniobra.
Además, fundamentaron su decisión en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que promueve la recuperación de activos en casos de delitos contra la administración pública. El tribunal advirtió que una interpretación demasiado restrictiva podría favorecer la impunidad económica.
En las próximas etapas, una vez completadas las tasaciones, la resolución será comunicada a la Corte Suprema para evaluar su eventual afectación al servicio de justicia. También se dispuso la inscripción de los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y se instó a que los fondos recuperados se utilicen para reparar daños sociales, especialmente en Santa Cruz, donde numerosas obras quedaron inconclusas.
Días atrás, el fiscal Diego Luciani había anticipado la necesidad de avanzar con la ejecución del decomiso. En un almuerzo del Rotary Club, recordó que el monto “está firme” y afirmó: “Lo único que hay que hacer es ejecutar. Se intimó a las partes para pagar, no pagaron. Hay que ir por los bienes”.
Luciani y su colega Sergio Mola habían solicitado al TOF 2 activar de manera inmediata la ejecución del monto actualizado de $684.990.350.139,86, tras vencerse el plazo de diez días hábiles otorgado para el pago.
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