Crisis en Brasil por bebidas adulteradas con metanol: dos muertos y más de 200 casos

Brasil atraviesa una grave crisis de salud pública tras detectarse la venta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, una sustancia altamente tóxica utilizada en la industria química. Hasta el momento, se registraron dos muertes confirmadas y más de 200 casos bajo investigación en distintos estados, con epicentro en San Pablo.

Las víctimas habrían ingerido tragos tradicionales como la caipirinha sin saber que contenían metanol, lo que puede provocar ceguera, daño cerebral, insuficiencia renal e incluso la muerte. Los síntomas más frecuentes son visión borrosa, vómitos, dolor abdominal y sudoración intensa.

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, pidió a la población evitar el consumo de bebidas destiladas de origen desconocido. “No estamos hablando de un producto esencial para la vida; es mejor abstenerse hasta esclarecer los hechos”, advirtió.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) activó contactos internacionales para importar con urgencia el antídoto fomepizol, inexistente en Brasil, y distribuye etanol farmacéutico como tratamiento alternativo. En paralelo, se realizan operativos en bares, supermercados y destilerías clandestinas, donde ya se incautaron más de mil botellas adulteradas.

La Policía Civil detuvo a Ilson de Sales do Amor Divino, acusado de ser uno de los principales proveedores de alcohol falsificado. Las investigaciones también apuntan a una posible conexión con el crimen organizado, especialmente con el Primer Comando de la Capital (PCC), que habría desviado metanol de distribuidores de combustible para su reventa a destilerías ilegales.

Según la Asociación Brasileña de Lucha contra la Falsificación, el mercado negro de bebidas en el país genera pérdidas anuales por más de 16.000 millones de dólares, con una de cada cinco botellas falsificadas. Ante la magnitud del problema, el Congreso analiza un proyecto que eleva la adulteración de bebidas a la categoría de delito grave, con penas de hasta 30 años de prisión.

Mientras tanto, los bares de San Pablo lucen vacíos y el consumo cayó hasta un 50%, reflejando el miedo y la incertidumbre que hoy atraviesan a todo el país.