
La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

A dos semanas de la licitación para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, crece la tensión entre empresas y el Gobierno por irregularidades y favoritismos.
Política 30/01/2025
SOFIA ZANOTTI

A dos semanas de la apertura de sobres en la licitación para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el proceso sigue generando disputas entre empresas y el Gobierno. Dos de las empresas que anteriormente denunciaron irregularidades en el pliego de licitación –la belga Dredging International (Deme) y la danesa Rohde Nielsen– volverán a la Justicia para intentar frenar el proceso, luego de que su primera presentación fuera rechazada por el juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico el pasado 15 de enero.
Esta vía navegable es clave para la exportación de granos y subproductos desde Argentina, representando más del 80% de la producción exportable del sector.
Desde el gobierno de Javier Milei aseguran que la licitación avanzará sin modificaciones y que el 12 de febrero se conocerán los oferentes para la concesión del dragado y mantenimiento de la vía.

Empresas cuestionan la licitación
Deme y Rohde Nielsen sostienen que los requisitos de la licitación favorecen a la empresa belga Jan de Nul, concesionaria del servicio desde 1995 y principal candidata a continuar con el contrato por 30 años más, con posibilidad de renovación por otras tres décadas. Estas empresas planean apelar el fallo judicial que desestimó su solicitud de suspensión del proceso licitatorio.
Otra firma que ha expresado disconformidad es la neerlandesa Boskalis, que solicita una concesión más corta, de entre 10 y 15 años. Boskalis también cuestiona que el Gobierno busca beneficiar a Jan de Nul para compensar una deuda de aproximadamente 80 millones de dólares que la extinta Administración General de Puertos (AGP) mantiene con la concesionaria actual.
En representación de las empresas neerlandesas Boskalis y Van Oord, el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, se reunió en diciembre con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para manifestarle su preocupación sobre un presunto direccionamiento del pliego en favor de Jan de Nul.
Por otro lado, la empresa china Shanghai Dredging fue excluida del proceso debido a una cláusula que impide la participación de compañías con capital estatal. Desde el ámbito diplomático y de expertos del sector, esta exclusión ha sido calificada como arbitraria.
Acusaciones políticas y tensiones dentro del sector
Desde el Gobierno insisten en que no hay un favoritismo en la licitación y apuntan contra el expresidente Mauricio Macri, a quien acusan de intentar frenar el proceso para favorecer a Boskalis. Según fuentes cercanas al oficialismo, Macri buscaría “embarrar la cancha” en beneficio de empresas neerlandesas.

El exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ha expresado públicamente su desacuerdo con el proceso licitatorio. Según Dietrich, la posición crítica de su sector responde a la intención de que “a Argentina le vaya bien”, al igual que en otros debates políticos en los que han manifestado su postura.
Expectativas sobre la resolución de la licitación
Fuentes del sector estiman que el 12 de febrero al menos tres empresas podrían presentar ofertas, lo que permitiría validar el proceso licitatorio. De confirmarse la continuidad de Jan de Nul, la empresa mantendría el contrato para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”, según lo estipulado en el sitio oficial de contrataciones públicas.
El resultado de la licitación será determinante para el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas comerciales del país, en un contexto de tensiones entre el Gobierno, actores del sector privado y diplomáticos extranjeros.

La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

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