SOFIA ZANOTTI
En un paso significativo para la lucha contra la evasión fiscal, el Gobierno Argentino ha recibido por primera vez información detallada sobre cuentas bancarias de ciudadanos argentinos en Estados Unidos. Este intercambio de datos, proporcionado por la Internal Revenue Service (IRS), se enmarca en el acuerdo FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) firmado por el exministro de Economía, Sergio Massa. La llegada de estos datos se produce en un momento crítico, ya que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca intensificar la percepción de riesgo entre aquellos que aún no han regularizado sus activos.
La AFIP ha confirmado que los datos incluyen información relevante sobre titulares de cuentas, intereses, dividendos y otros ingresos generados hasta el 31 de diciembre del año anterior. Sin embargo, es importante destacar que la información no abarca movimientos de cuentas ni beneficiarios finales, lo que limita las acciones inmediatas que se pueden emprender.
Este intercambio de información, que se había demorado durante años, representa un avance crucial para el Régimen de Regularización de Activos, comúnmente conocido como blanqueo de capitales. Actualmente, la primera fase de este régimen, prorrogada hasta el 31 de octubre, permite a los contribuyentes regularizar bienes no declarados sin enfrentar sanciones severas. El Gobierno espera que la recepción de estos datos incentive a los contribuyentes a sumarse al blanqueo, ante la posibilidad de un control más riguroso.
Argentina no solo colabora con Estados Unidos; cuenta con acuerdos tributarios con 146 países, incluidos destinos con alta concentración de capitales no declarados. La AFIP sigue avanzando en sus estrategias de fiscalización, buscando regularizar activos ocultos fuera del país. Aunque el FATCA tiene limitaciones, las autoridades esperan que su implementación permita un incremento en los niveles de regularización de capitales.
El blanqueo actual, el sexto desde la década de 1980, se presenta como una herramienta necesaria para mejorar la situación financiera del país, especialmente en un contexto de escasas reservas internacionales y dificultades para obtener financiamiento externo. En el blanqueo de 2016, se regularizaron activos por 116.000 millones de dólares. En esta ocasión, las proyecciones indican que podrían exteriorizarse entre 30.000 y 40.000 millones de dólares.
El éxito de esta iniciativa depende de la confianza de los contribuyentes en el proceso y de la percepción de sanciones para quienes elijan no regularizar. Con condiciones favorables y un enfoque en aumentar la percepción de riesgo, el Gobierno busca motivar la adhesión al blanqueo.
