La primera sesión puede eclipsar la segunda si se estira la discusión en el recinto por varias horas, algo que está previsto que suceda. Desde el radicalismo insisten en no tratar todo en una misma jornada. El bloque de UxP se debate entre dar o no quórum.
Política 04 de junio de 2024
GASTON PAROLA
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, oficializó la convocatoria este martes a dos sesiones especiales, ambas a pedido de la oposición. Para las once, está el llamado solicitado por el bloque de la UCR a tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. Para las catorce, está convocada una segunda sesión a pedido de UxP para iniciativas sobre la restitución del FONID y presupuesto universitario.
La primera sesión puede eclipsar la segunda si se estira la discusión en el recinto por varias horas, algo que está previsto que suceda. Es por ese motivo que el bloque peronista se debate entre dar o no quórum. Mientras que desde el radicalismo insisten en no tratar todo en una misma jornada.
De acuerdo al pálpito de los especialistas parlamentarios, lo más probable es que quede sin efecto la segunda convocatoria sobre los temas educativos ya que la primera se espera que demande muchas horas de debate en el recinto como suele ocurrir con el tema previsional, lo que provocará que se exceda largamente el horario de citación.
Por una nueva fórmula jubilatoria
El temario de la sesión sobre movilidad jubilatoria, pedida por el bloque radical que comanda Rodrigo de Loredo, incluye cinco dictámenes firmados el pasado 15 de mayo en el plenario de tres comisiones. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo entre el peronismo, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho a pesar de que hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta, por lo que esas fuerzas políticas se comprometieron a limar diferencias de cara al debate en el recinto.
La propuesta de Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acopló a la propuesta de "los dialoguistas" de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero. Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.
Lo que dinamitó el acuerdo fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de incluir la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo. Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.
Por su parte, La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.
El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio. También, elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.
Por último, el dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.
FONID, con un desencuentro
La segunda sesión también abarca un tema de una agenda que incomoda al oficialismo y es el presupuesto universitario y especialmente el restablecimiento del FONID, ya que las iniciativas implican modificar la ecuación fiscal.
De hecho, el propio presidente Javier Milei hizo saber semanas atrás que si la oposición lograba aprobar en ambas cámaras leyes que "rompieran la caja" y dañaran el equilibrio fiscal, no le iba a temblar el pulso a la hora de hacer uso de la facultad del veto.
La sesión con eje en el aspecto educativo fue pedida por el bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez. En un plenario de comisiones de Presupuesto y Educación emplazado a dar dictamen, se avanzó con la firma de distintos proyectos que proponen la reposición del FONID eliminado por el Ejecutivo este año y la actualización automática del presupuesto universitario, aspecto zanjado en parte por el Gobierno luego del aumento de fondos acordado con rectores.
En cuanto al FONID, el dictamen de mayoría resultó el de Unión por la Patria con 34 firmas, mientras que La Libertad Avanza junto al PRO, el MID y el bloque Independencia firmaron un dictamen de rechazo.
La UCR, en tanto, con doce firmas, rubricó un dictamen de minoría en el que metió por la ventana la declaración de la educación como servicio esencial. Esta inclusión le costó el duro reproche de la Coalición Cívica que a través del diputado Maximiliano Ferraro acusó con nombre y apellido al jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, de querer quedar como "el abanderado" de esa causa apurando de forma oportunista los tiempos de un propósito que comparten (la esencialidad educativa) pero que entienden que no era el eje de discusión en este plenario de comisiones.
La Coalición Cívica no firmó ningún dictamen, mientras que Hacemos Coalición Federal suscribió un despacho con cuatro firmas, y el Frente de Izquierda avaló su propio proyecto con dos rúbricas.
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