Los subsidios a la energía y al transporte, las transferencias a provincias y la obra pública sufren ajuste tras revés en el Congreso

El gobierno enfrenta un escenario de ajustes significativos después del retiro del capítulo fiscal de la Ley ómnibus en el Congreso. Los principales rubros que experimentarán reducciones son los subsidios a la energía y al transporte, las transferencias a provincias y la inversión en obra pública.

El retiro del "capítulo fiscal", que incluía temas como retenciones, blanqueo, movilidad jubilatoria y restauración de Ganancias, ha llevado al gobierno a buscar alternativas para lograr el tan buscado déficit cero.

Subsidios: Actualmente representan el 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Aunque inicialmente se buscaba reducirlos al 0,7% del PBI, ahora se contempla una quita total entre febrero y abril. Esto tendrá un impacto directo en las tarifas de gas, luz y transporte, afectando a los bolsillos de los ciudadanos.

Obra pública: La inversión en obras públicas, que actualmente representa el 1,7% del PBI, se pretende reducir al 0,7% del PBI. La salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura está relacionada con este ajuste, lo que indica la importancia de este recorte en el presupuesto.

Transferencias a provincias: Las transferencias actuales representan el 1,1% del PBI, y el gobierno busca reducirlas al 0,5%. Esto incluye salarios de docentes y de la policía provincial, lo que podría generar tensiones en distintas regiones del país.

Jubilaciones y salarios estatales: Las jubilaciones continuarán con la fórmula vigente, lo que implicará una pérdida cercana al 40% debido a la inflación. El gobierno anunció un bono de 55 mil pesos para febrero, pero en el caso de los empleados estatales, se recurrirá no solo a la licuación de salarios sino también a posibles despidos.

Además de estos ajustes, el gobierno planea utilizar la inflación como herramienta para reducir el gasto público. Sin embargo, este enfoque tiene sus límites, ya que la creciente inflación podría afectar negativamente el consumo y, a largo plazo, disminuir la recaudación impositiva del Estado. El gobierno se enfrenta a un desafío económico complejo en medio de un contexto inflacionario creciente.