Perú se encuentra sumergido en una crisis política y social después de la destitución del ex presidente Pedro Castillo: La Fiscalía Anticorrupción de Perú y una división especial de la policía arrestaron a tres generales acusados de corrupción y la actual presidenta Dina Boluarte destituyó a centenares de autoridades nombradas por Castillo.

La mandataria destituyó a 312 subprefectos distritales en 23 regiones, los cuales habían sido designados por el ex presidente, quien se encuentra detenido por 18 meses acusado de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.

El expresidente se encuentra detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando realizó un intento de golpe de Estado. Además, se dictó un régimen de comparecencia para el ex primer ministro Aníbal Torres por presuntos delitos de rebelión.

La mayoría de los dirigentes echados por Boluarte corresponden a las regiones de Ayacucho (46) -escenario de las más fuertes protestas contra Boluarte, San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19). En todas las zonas Castillo recibió una mayoría de votos y poseía apoyo para seguir en la presidencia tras reiterados intentos de destitución.

Boluarte echó a 312 subprefectos: qué dice la resolución

"Deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas", así como de intereses, dispuso la resolución redactada según informó el periódico peruano El Comercio.

La tarea de los prefectos y subprefectos ofician como intermediarios con las organizaciones sociales y deben supervisar la gestión de los gobernadores en cada región, es decir, funcionan como los representantes del gobierno peruano ante las distintas provincias.

Los dirigentes designados por Castillo, ahora expulsados por Boluarte, estaban relacionados al Fenatep, un sindicato fundado por el propio ex mandatario y una de las facciones más radicales del magisterio.

Castillo, detenido por 18 meses

Después de ser destituido por una moción del Congreso e intentar disolver ese órgano legislativo, en donde la derecha política posee mayoría, Castillo fue detenido y se enfrentará a 18 meses de prisión preventiva.

El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

“La imputación no precisa en cuál de las modalidades de rebelión, o conspiración, estaría incurso el investigado Pedro Castillo Terrones, violando el principio de imputación necesaria y el derecho a la defensa”, señaló la defensa.

Sin embargo, el Poder Judicial de Perú aceptó en las últimas horas aceptó analizar una apelación presentada por Castillo con el objetivo de revocar la prisión preventiva de 18 meses.

La alternativa que plantea la defensa del expresidente es que se reemplace la detención preventiva por una libertad con comparecencia mientras continúa el plazo de investigación por corrupción.