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El juicio por la Megaestafa Inmobiliaria durará más de dos meses

El juez de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, Tomás Orso, esta semana declaró inadmisible un recurso de apelación interpuesto por Antonio Di Benedetto

Judiciales 06 de agosto de 2020 Novedades Del Sur Novedades Del Sur
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El  juez de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, Tomás Orso, que esta semana declaró inadmisible un recurso de apelación interpuesto por Antonio Di Benedetto (principal acusado) e instó a proseguir con el trámite de la causa de la megaestafa inmobiliaria, brindó nuevas precisiones sobre el juicio que –en principio- se debería llevar adelante a partir de octubre.

“Al rechazarse el planteo presentado por uno de los acusados, la Oficina de Gestión Judicial está en condiciones, y seguramente lo hará la próxima semana, de fijar la fecha de inicio del juicio, que será voluminoso con alrededor de 300 testigos, por lo tanto tendría que comenzar a más tardar en octubre para que termine antes de fin de año”, indicó Orso.

Cuando se le consultó por la extensión que podría tener este juicio por la apropiación ilegal de 32 propiedades que los investigadores valuaron en una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos, el magistrado calculó: “En los juicios normalmente se producen diez declaraciones por día, estamos hablando de 30 o 40 declaraciones por semana, y si hay 300 testigos, quiere decir que demandará mínimo un par de meses. Más la parte de elaboración de la sentencia por parte del tribunal. Por eso es importante que sea programado para principios o mediados de octubre, para tener la certeza de que va a terminar antes de la feria judicial”, advirtió.

Estamos hablando de una causa muy compleja, con distintas prácticas delictivas, muchos imputados y víctimas y varios centenares de testigos, por lo tanto se puede considerar razonable el plazo de dos años para llevar el caso a juicio
En cuanto a los plazos desde el inicio de la investigación hasta llegar al juicio, Orso considera que son adecuados: “El juicio en general debería concretarse al año de iniciado el proceso, en especial cuando hay prisión preventiva o domiciliaria como en este caso. Pero estamos hablando de una causa muy compleja, con distintas prácticas delictivas, muchos imputados y víctimas y varios centenares de testigos, por lo tanto se puede considerar razonable el plazo de dos años para llevar el caso a juicio”.

Además en el medio estuvieron los recursos interpuestos por los acusados que estiraron los tiempos: “Es parte de las reglas de juego y hay que atender los planteos para que el proceso sea transparente. Por lo tanto estamos en un plazo aceptable”, reiteró.

Se apropiaban de manera ilegal de casas y campos de gente ya fallecida o de personas de avanzada edad que por su indefensión o vulnerabilidad no podían reclamar.
El proceso

“El proceso ya atravesó la etapa investigativa a cargo del fiscal Matías Merlo, la intermedia con algunos planteos sobre las escuchas telefónicas y la figura del arrepentido y ahora estamos en la etapa preparatoria del juicio, debiendo comunicarse quiénes integrarán el tribunal y la fecha”, detalló el juez Orso.

Los planteos tenían que ver con la inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita y de la figura del arrepentido, al tiempo que se hicieron cuestionamientos sobre el modo en el que habían sido habilitadas las escuchas y el tiempo que duraron, entre otros argumentos; pero fueron convalidadas como pruebas. “En la apelación se volvieron a plantear e incluso se llegó hasta la Corte Provincial, siendo desestimado el planteo de la defensa en todos los casos. Si bien pueden llegar hasta la Corte Nacional, el juicio oral se debe hacer en el corto plazo, porque de lo contrario nunca llegaríamos a ese punto”, aclaró Orso.

La causa empezó con muchos imputados, pero varios llegaron a procedimientos abreviados sobre su responsabilidad penal y la aceptación de la pena. En definitiva son nueve las personas que serán llevadas a juicio.

La megaestafa inmobiliaria incluyó decenas de maniobras por parte de una estructura cuyos integrantes cumplían distintos roles y tareas, quedando todo claramente asentado en las escuchas telefónicas. “Se apropiaban de manera ilegal de casas y campos de gente ya fallecida o de personas de avanzada edad que por su indefensión o vulnerabilidad no podían reclamar. Lo hicieron sistemáticamente durante años”, planteó el fiscal Merlo al realizar la acusación.

Juan Miserere V24

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