La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro quedó postergada por una semana en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El frente Unidos no consiguió cerrar un acuerdo interno para avanzar este jueves con un dictamen que permitiera darle media sanción al proyecto Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
Las diferencias, especialmente con sectores del socialismo, se concentran en el alcance de las nuevas atribuciones para la Policía y en los controles sobre su actuación. Tras una mañana de negociaciones, la sesión comenzó cerca de las 16 y pasó rápidamente a un cuarto intermedio. Sin consenso, el oficialismo resolvió solicitar una nueva preferencia para debatir la iniciativa dentro de siete días.
La Cámara sí aprobó la ley de intervención de mercados ilícitos de celulares, otra de las propuestas vinculadas con la política de seguridad provincial. Ese avance no destrabó el acuerdo necesario para tratar la reforma más amplia, que seguirá bajo negociación durante los próximos días.
El proyecto pendiente fue enviado por el Poder Ejecutivo en mayo. Propone cambios en distintas normas relacionadas con la investigación penal, las facultades de policías y fiscales y el régimen penitenciario. Su tratamiento reúne discusiones sobre las herramientas para investigar delitos y los límites que deben tener esas intervenciones.
Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de los supuestos que habilitan allanamientos sin autorización judicial previa. La propuesta contempla especialmente procedimientos vinculados con armas y con la localización de teléfonos robados. Las diferencias dentro de la coalición abarcan tanto esas facultades como los mecanismos de control sobre su uso.
También está en discusión el endurecimiento de las condiciones de detención para presos considerados de alta peligrosidad. Entre las medidas previstas aparece la posibilidad de establecer períodos de aislamiento sin visitas.
El debate incluyó observaciones de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario. También participaron especialistas en derecho penal y organizaciones civiles.
A comienzos de la semana, el diputado radical José Corral había afirmado en Radio 2 que existía un compromiso político dentro de Unidos para aprobar la reforma este jueves, aunque reconoció las diferencias internas. “Tenemos que darle al gobernador estas herramientas que pide para seguir mejorando la seguridad”, sostuvo en esa entrevista, en la que defendió la ampliación de las facultades policiales y fiscales. Las negociaciones posteriores no alcanzaron para concretar ese objetivo.
El gobernador encabezó este miércoles el acto de ascenso de 300 agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe y del personal de planta permanente del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, en la ciudad capital.
