La Justicia mantuvo la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N.º 2 resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple la condena de seis años de prisión correspondiente a la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada luego de analizar los informes elaborados por los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas. El juez Rodrigo Giménez Uriburu consideró que la expresidenta cumplió adecuadamente con el deber de permanencia y con el régimen establecido para las visitas.

Según los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, durante el período analizado se realizaron entrevistas domiciliarias aleatorias. Los profesionales informaron que Fernández de Kirchner respondió a los requerimientos y mantuvo un trato respetuoso durante los controles.

Durante el trimestre también se registró una salida autorizada previamente por la Justicia para una consulta médica. De acuerdo con la resolución, no se produjeron inconvenientes durante ese traslado. Las visitas, además, se ajustaron a las autorizaciones concedidas por el tribunal, salvo una demora puntual que fue posteriormente explicada.

El monitoreo electrónico tampoco registró incumplimientos que motivaran una modificación de la modalidad de detención. Sin embargo, los propios organismos encargados del dispositivo habían informado anteriormente que el sistema de geolocalización no permite establecer con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra una persona, una limitación técnica que había sido analizada por el tribunal.

Por otro lado, los informes evaluaron las concentraciones realizadas frente al domicilio de la expresidenta y señalaron que durante el período examinado no se registraron conductas atribuidas a ella que hubieran motivado una modificación del régimen.

Fernández de Kirchner cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La condena quedó firme en junio de 2025. Su defensa cuestiona el fallo y mantiene diferentes presentaciones judiciales e internacionales para procurar su revisión.

En paralelo, el departamento de San José 1111 se encuentra incluido entre los bienes alcanzados por embargos preventivos ordenados durante la etapa de ejecución del decomiso de la causa Vialidad. El monto actualizado informado en ese trámite se aproxima a los 685.000 millones de pesos. El embargo, por el momento, no modifica la decisión de que la expresidenta continúe allí bajo prisión domiciliaria.

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La situación volverá a quedar bajo evaluación de los organismos de control y del tribunal durante los próximos períodos de seguimiento de la ejecución de la pena.