El Gobierno nacional anticipó que aplicará sanciones contra los prácticos, pilotos y baqueanos que mantienen interrumpida la actividad en los principales puertos del país, en rechazo al decreto que desreguló el servicio de practicaje.
El anuncio fue realizado este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.
“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmó el funcionario, aunque no precisó qué tipo de medidas analiza el Poder Ejecutivo.
El conflicto comenzó luego de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que reemplazó el régimen que regulaba la actividad desde 1991.
Desde el Gobierno explicaron que la modificación apunta a ampliar la competencia entre prestadores, facilitar el ingreso de nuevos profesionales y reducir los costos logísticos vinculados con el movimiento de buques.
Los prácticos, pilotos y baqueanos rechazaron la nueva normativa y dejaron de aceptar servicios. Estos profesionales se encargan de asistir a los capitanes durante el ingreso, la circulación y la salida de embarcaciones por ríos, canales y puertos.
Sin esa asistencia, gran parte de los buques de gran porte no puede realizar sus maniobras habituales. La protesta dejó más de 140 embarcaciones detenidas y provocó demoras en el transporte de granos, combustibles y otras mercaderías.
Prefectura intimó a los profesionales
En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó a 536 profesionales para que retomen inmediatamente sus tareas.
El Gobierno considera que el practicaje es un servicio esencial y sostiene que debe garantizarse una prestación mínima. Sin embargo, todavía no se informó si las sanciones anunciadas serán administrativas, económicas o si podrían incluir la suspensión de habilitaciones.
Impacto en el sur de Santa Fe
La paralización tiene una incidencia directa en Santa Fe debido a la importancia del complejo portuario ubicado sobre el río Paraná.
Las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes concentran buena parte de las exportaciones agroindustriales del país. Por ese motivo, la continuidad del conflicto podría generar demoras logísticas, acumulación de mercadería y mayores costos para la cadena productiva regional.
Hasta el momento no se informó sobre un acuerdo entre el Gobierno y los profesionales del sector que permita normalizar la actividad.
