Álvaro Martínez, legislador mendocino del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Identidad de Género. La iniciativa genera controversias en el ámbito político y social.
Política Hace 5 horas
SOFIA ZANOTTI
El diputado nacional Álvaro Martínez, integrante de La Libertad Avanza, presentó una propuesta legislativa que busca introducir cambios en la Ley de Identidad de Género, promulgada en 2012. El proyecto plantea limitar el cambio de género en menores de 18 años y prohibirlo para personas adultas con condenas penales firmes, argumentando la necesidad de proteger la seguridad pública y garantizar la integridad del sistema judicial.
Martínez sostiene que las decisiones relacionadas con la identidad de género en menores deben postergarse hasta alcanzar la mayoría de edad, momento en el cual, según el legislador, los individuos contarían con una madurez suficiente para tomar decisiones de tal magnitud. En cuanto a los condenados, la iniciativa busca evitar que el cambio de género pueda generar confusiones o ser utilizado para eludir responsabilidades legales.
“Queremos evitar vacíos legales y posibles fraudes que afecten la confianza en la justicia”, aseguró Martínez en declaraciones a medios locales. La propuesta generó posturas encontradas en el ámbito político y social, con sectores que la califican como regresiva frente a los derechos adquiridos de la comunidad trans.
El proyecto también incluye la exigencia de que las personas imputadas en procesos penales puedan solicitar la modificación de género solo después de la resolución judicial definitiva y el cumplimiento de la pena. Asimismo, se resalta que no será requisito realizar intervenciones quirúrgicas ni tratamientos médicos para la rectificación registral, aunque las restricciones propuestas limitan el alcance de los derechos consagrados en la ley actual.
La Ley de Identidad de Género posicionó a Argentina como pionera en el reconocimiento de derechos para las personas trans al permitir la modificación de nombre y género en el DNI sin diagnósticos médicos. Este proyecto de Martínez abre un debate sobre los límites de la regulación y su impacto en derechos fundamentales.
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