Oficialismo santafesino avanza con la polémica reforma jubilatoria en medio de protestas gremiales

El frente Unidos, que respalda al gobernador Maximiliano Pullaro, se prepara para aprobar la reforma provisional provincial, mientras los sindicatos de trabajadores públicos se movilizan en rechazo frente a la Legislatura.

Santa Fe12 de septiembre de 2024LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
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Este jueves 12 de septiembre, la Legislatura santafesina será escenario de una jornada clave: el oficialismo del frente Unidos se apresta a convertir en ley la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La sesión, que comenzará a las 11 horas, ha sido adelantada para minimizar el impacto de las manifestaciones sindicales convocadas por trabajadores públicos, quienes expresan su oposición al proyecto.

El proyecto de reforma, que ya obtuvo media sanción en el Senado, plantea la declaración de una emergencia provisional por dos años, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los cambios más significativos se incluye un tope máximo de jubilación equivalente a 20 haberes mínimos y un incremento progresivo de los aportes, que pasarían del 14% al 21%, en función del salario percibido. Además, se establecería un aporte solidario tanto para activos como pasivos durante el período de emergencia, y se habilitaría al gobernador a elevar la edad jubilatoria en línea con el régimen federal.

El gobierno justifica esta reforma como un mecanismo necesario para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones, que alcanza los 430 mil millones de pesos en 2024. Sin embargo, desde la oposición, sectores como el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía desconfían de la efectividad de las medidas y se preparan para votar en contra.

La discusión comenzará con un debate acelerado en la comisión de Asuntos Laborales, donde algunos diputados opositores buscarán introducir cambios, aunque con pocas esperanzas de frenar la aprobación definitiva. Fuera del recinto, las protestas gremiales reflejan el descontento social frente a una ley que considera perjudicial para los derechos adquiridos de los trabajadores.

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