Investigan megaestafa inmobiliaria que involucra a profesionales santafesinos

Cuatro personas fueron imputadas de asociación ilícita, otras cuatro están identificadas y un profesional del derecho se encuentra prófugo por la presunta megaestafa inmobiliaria en un lote de terrenos en la zona norte de la ciudad de Recreo, vecina a la capital santafesina.
En el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la imputación delictiva fue formulada por las fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera en una audiencia sustanciada por el juez Gustavo Urdiales en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y en la que se les atribuyeron responsabilidades penales como presuntos organizadores de la asociación ilícita a tres hombres, cuyas identidades no fueron reveladas oficialmente. Trascendió que dos de ellos son un reconocido escribano y un contador de la capital provincial de 47 y 48 años respectivamente, y otro es un odontólogo de 59 años oriundo de la localidad bonaerense de Miramar. La cuarta persona imputada como supuesto integrante de la organización delictiva es un agente inmobiliario de Recreo de 51 años. A los cuatro involucrados se le solicitará la prisión preventiva en una audiencia prevista para mañana en los tribunales de la capital santafesina.

El Organismo de Investigaciones del MPA detuvo a los cuatro imputados a fines de la semana pasada y efectuó diez allanamientos en cinco domicilios en la ciudad de Santa Fe (entre ellos un estudio jurídico ubicado en la zona céntrica cuyo titular se encuentra prófugo), uno en Recreo y cuatro en localidades de la provincia de Buenos Aires.

La causa se sustancia en el MPA a partir de una denuncia de los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga. Los letrados denunciaron un acta de cesión falsa que desapoderó de la titularidad y de la totalidad de las acciones de la firma La Mercedes de Recreo S.A. a un empresario porteño de apellido Ruiz Moreno, heredero de la familia Clucellas, dueños originales del loteo de aproximadamente 600 hectáreas. Además de Ruiz Moreno las maniobras fraudulentas investigadas damnifican a unos 200 adquirentes de buena fe del loteo que aún no pudieron escriturar sus terrenos y que la semana anterior se manifestaron ante los tribunales capitalinos.

Las fiscales Jiménez e Ilera les atribuyeron a los cuatro imputados la coautoría de los delitos de asociación ilícita –a tres en calidad de organizadores y a uno como miembro de la organización– estafas reiteradas y falsedad ideológica.

Según consignaron las representantes del MPA “los hechos ilícitos comenzaron a cometerse en julio del año 2000 y la actividad de la asociación ilícita que investigamos se inició en septiembre de 2015”. También revelaron que tienen identificadas en el marco de la presunta megaestafa inmobiliaria a “nueve personas –cuatro de las cuales fueron imputadas este domingo– que formaban parte de esta organización de carácter permanente, estable y organizada que tenía como objetivo darle apariencia legal a la estructura jurídica del fideicomiso creado bajo el nombre de “Barrio Las Mercedes de Recreo”. Uno de ellos, titular de un estudio jurídico ubicado en el macrocentro santafesino, se encuentra prófugo.

Las funcionarias aseveraron también que “a través de ese fideicomiso disponían de los lotes que conforman el inmueble titularidad de ‘Las Mercedes de Recreo SA’”. Los hechos ilícitos investigados en Santa Fe se cometieron “mediante engaños y maniobras ardidosas ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio” con el fin de obtener la inscripción de la sociedad ‘Las Mercedes de Recreo SA’”. “Lo hicieron simulando la calidad de socios, mediante el uso de actas de contenido falso, perjudicando el patrimonio de la sociedad y de los accionistas, mediante la administración y disposición del inmueble que es el único capital social de la empresa”, precisaron las fiscales.

“Las maniobras fueron numerosas y de distinto tipo. Incluyen la simulación de una cesión de acciones, la venta de 100 lotes a terceros de buena fe y la autorización para dar en pago 600 lotes más, sin tener el derecho para hacerlo”, subrayaron. Y describieron que los imputados también “simularon otros actos administrativos y procesales; adulteraron copias, insertaron datos falsos y confeccionaron actas con contenido falso siempre con el objetivo de simular el cumplimiento de los requisitos legales, procesales y fiscales exigidos por el Estado”, concluyeron las fiscales santafesinas.