SOFIA ZANOTTIDesde Santa Isabel expresaron su rechazo al proyecto que el Senado de la Nación debatirá este jueves 16 de julio y que propone modificar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La iniciativa forma parte del proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Entre sus puntos centrales, elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y suprime el tope de 1.000 hectáreas establecido para un mismo propietario extranjero en la zona núcleo productiva.
La propuesta deja en manos de cada provincia la posibilidad de establecer restricciones propias. También habilita operaciones en zonas de frontera mediante una doble autorización de los gobiernos provincial y nacional. Según el texto difundido, si no existe una respuesta negativa dentro de los 180 días, podría aplicarse el silencio administrativo positivo.
Ante el tratamiento legislativo, desde Santa Isabel sostuvieron que una mayor flexibilización podría comprometer la soberanía territorial y el control sobre recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad y las áreas productivas.
“La tierra no puede ser una mercancía. Es trabajo, identidad y futuro”, señalaron en el pronunciamiento.
Entre los posibles efectos nacionales, plantearon que la concentración de grandes extensiones en manos de capitales extranjeros podría reducir la capacidad del país para decidir qué producir, cómo utilizar los recursos naturales y hacia dónde orientar la producción.
También advirtieron sobre el avance de modelos extractivos, monocultivos y emprendimientos destinados principalmente a la exportación. Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada desde la localidad y no representan consecuencias confirmadas de la eventual aprobación de la ley.
Preocupación por los productores locales
El planteo también se concentró en el impacto que una eventual modificación podría tener en localidades rurales como Santa Isabel.
Uno de los principales cuestionamientos es que el ingreso de grandes fondos de inversión podría aumentar el valor de los campos y dificultar el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores.
Según la postura difundida, una mayor concentración también podría generar menos empleo rural, reducir el movimiento comercial y debilitar el arraigo de las familias que viven y trabajan en las comunidades del interior.
Además, se manifestó preocupación por el control de caminos rurales, napas de agua y prácticas productivas dentro de grandes extensiones de propiedad privada.
La posición del oficialismo
Desde el oficialismo nacional sostienen que la reforma busca atraer inversiones y fortalecer el federalismo, otorgando a las provincias la facultad de regular la compra de tierras dentro de sus territorios.
Durante el tratamiento en comisiones, la senadora Patricia Bullrich afirmó que el objetivo es abandonar una regulación centralizada y permitir que cada provincia tome decisiones de acuerdo con sus necesidades productivas y territoriales.
Actualmente, alrededor del 5% de las tierras rurales argentinas se encuentra en manos extranjeras, una superficie cercana a los 13 millones de hectáreas. Aunque el porcentaje nacional está por debajo del límite vigente, en algunos departamentos y zonas estratégicas la proporción es considerablemente mayor.
El debate previsto en el Senado enfrenta dos posiciones: quienes consideran que la flexibilización permitirá atraer capitales y desarrollar proyectos productivos, y quienes advierten que podría profundizar la concentración de la tierra y limitar el control nacional sobre recursos estratégicos.
