El ingreso del petrolero VS Promise al Puerto de Ushuaia abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración nacional por el manejo de la terminal marítima y el alcance de las normas provinciales relacionadas con la cuestión Malvinas.
La embarcación, dedicada al transporte de petróleo y registrada bajo pabellón de la Isla de Man, dependencia de la Corona británica, permaneció amarrada durante el lunes 24 de agosto. Sin embargo, durante la madrugada de este martes dejó Ushuaia y continuó navegando por el canal Beagle.
El Gobierno fueguino rechazó la operación y reclamó al Ejecutivo de Javier Milei que explique los criterios políticos, administrativos y estratégicos utilizados para permitir el ingreso del buque.
El conflicto tiene además como escenario un puerto cuya administración está intervenida desde enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Tierra del Fuego cuestionó judicialmente esa medida y reclama recuperar el control de la terminal.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero. La norma prohíbe determinadas operaciones de buques de bandera británica o de conveniencia relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
Por ese motivo, no está confirmado que la sola presencia del VS Promise en Ushuaia constituya automáticamente una violación de esa legislación.
Desde el Gobierno nacional rechazaron esa interpretación. Fuentes oficiales señalaron que el petrolero había cargado crudo en Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y posteriormente ingresó a Ushuaia para aprovisionarse.
Además, Nación afirmó que la operación “no viola ninguna ley”, ya que el barco no estaba vinculado con trabajos de explotación de recursos en la Cuenca de Malvinas. También sostuvo que la actividad previa en Río Cullen contó con intervención de autoridades provinciales.
Por otro lado, fuentes de la Armada consultadas por TN indicaron que no encontraron motivos para impedir el amarre porque la embarcación no provenía de las Islas Malvinas.
Antes de arribar a Ushuaia, registros de navegación habían ubicado al VS Promise en la terminal de Río Cullen, utilizada para operaciones relacionadas con la producción de hidrocarburos de la Cuenca Austral.
El secretario fueguino de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, había anticipado que la Provincia intentaría determinar qué empresa contrató al petrolero y cuál era su destino final.
En este marco, la controversia excede la escala puntual de una embarcación. El episodio volvió a enfrentar a Nación y Tierra del Fuego por el control del Puerto de Ushuaia, la interpretación de la Ley Gaucho Rivero y el tratamiento político de las actividades vinculadas con intereses británicos en el Atlántico Sur.
