SOFIA ZANOTTILa Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para un médico y un enfermero radicados en Wheelwright, acusados de suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. La medida fue dispuesta luego de una audiencia encabezada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa.
La investigación se inició como una derivación de una causa por presunta defraudación al PAMI y tomó impulso tras un allanamiento realizado en una vivienda donde, según la fiscalía, funcionaba un consultorio clandestino sin habilitación.
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 243 ampollas de fentanilo utilizadas, 50 ampollas de morfina y una importante cantidad de insumos médicos, medicamentos y equipamiento para la atención de pacientes.
Según la acusación, los estupefacientes hallados eran de uso intrahospitalario exclusivo y habrían sido desviados del circuito legal de distribución. Además, los fiscales sostienen que los imputados realizaban prácticas médicas de manera habitual en una vivienda que no contaba con las condiciones ni autorizaciones correspondientes.
Entre los elementos secuestrados se encontraron bisturíes, jeringas, medicamentos inyectables, vacunas, un desfibrilador, estetoscopios, tensiómetros, recetas médicas, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, computadoras, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación vinculada a la actividad sanitaria.
La fiscalía también ordenó medidas para determinar la trazabilidad del fentanilo y la morfina incautados, solicitando información al Ministerio de Salud de la Nación y a los laboratorios responsables de la producción de esos medicamentos.
El expediente se encuentra relacionado con una investigación por una presunta defraudación millonaria a la obra social de jubilados. Según la acusación, el médico involucrado habría facturado miles de consultas, estudios y prácticas médicas que presuntamente nunca fueron realizadas.
De acuerdo con la investigación, entre 2023 y 2025 se habrían registrado más de 50.000 prestaciones médicas para afiliados de distintas provincias. El perjuicio económico estimado ronda los 700 millones de pesos, de los cuales unos 580 millones habrían sido abonados por el PAMI.
Mientras continúa la recolección de pruebas, ambos imputados permanecerán detenidos por disposición de la Justicia Federal.
