SOFIA ZANOTTIEl Gobierno de Santa Fe presentó un proyecto de reforma bajo el nombre “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, una iniciativa que propone cambios en el sistema penal y que ya abrió un fuerte debate político, judicial e institucional en la provincia.
Desde el oficialismo sostienen que la propuesta apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos, organizaciones criminales y el narcotráfico. Sin embargo, distintos sectores vinculados al ámbito jurídico manifestaron cuestionamientos y alertaron sobre modificaciones que podrían alterar principios centrales del sistema acusatorio vigente.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el traslado de facultades que actualmente requieren control judicial hacia decisiones que podrían quedar en manos del Ministerio Público de la Acusación o incluso de las fuerzas de seguridad. Entre los cambios aparecen medidas coercitivas sin prisión mediante decreto fiscal, ampliación de allanamientos sin autorización previa y nuevos mecanismos de intervención policial durante etapas iniciales de una investigación.
Además, uno de los puntos más discutidos está relacionado con las declaraciones policiales. La iniciativa habilita la posibilidad de que la Policía tome declaraciones informativas en etapas preliminares de una causa, algo que reabre una discusión histórica sobre los límites de la intervención policial y las garantías para las personas involucradas.
El proyecto también incorpora modificaciones vinculadas a la admisión de pruebas obtenidas de manera irregular bajo determinados supuestos, como situaciones de urgencia o actuaciones de buena fe. Para quienes respaldan la iniciativa, esto podría agilizar procesos y brindar mayor previsibilidad; mientras que los sectores críticos sostienen que podría abrir espacio a la validación de procedimientos cuestionados.
Por otro lado, se plantean cambios en los juicios en rebeldía y procedimientos abreviados que permitirían avanzar hacia condenas aun cuando el imputado no se presente, manteniendo instancias posteriores de revisión. A esto se suman medidas relacionadas con el régimen penitenciario, herramientas de inteligencia digital y nuevas facultades de intervención territorial.
Mientras la seguridad continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda provincial, el debate ya dejó expuestas dos posiciones: quienes consideran que el sistema actual necesita nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y quienes entienden que una mayor capacidad de acción estatal debe sostenerse con controles estrictos para evitar excesos.
