SOFIA ZANOTTIEl fallo del tribunal ratificó la sentencia que impone a cada uno de los involucrados el pago de cinco millones de pesos, monto que será destinado al Programa de Conservación del Yaguareté. Además, deberán completar una capacitación obligatoria vinculada a la protección de la fauna silvestre.
La resolución fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que rechazó un recurso presentado por la defensa. De esta manera, quedó firme el criterio de que la reparación económica y las medidas ambientales constituyen condiciones previas indispensables antes de analizar cualquier pedido de libertad condicional.
En su argumentación, el tribunal sostuvo que el daño provocado por la caza de un yaguareté —especie declarada Monumento Natural Nacional y en peligro crítico de extinción en el país— trasciende el hecho individual y afecta al patrimonio ambiental colectivo.
La causa se originó tras comprobarse la caza ilegal del ejemplar en la provincia de Formosa, donde aún sobreviven poblaciones reducidas de esta especie emblemática. En este marco, la Justicia remarcó la necesidad de reforzar la protección de la fauna y aplicar sanciones ejemplificadoras frente a delitos ambientales.
Con esta decisión, el tribunal sentó un precedente en materia de responsabilidad ambiental, al condicionar beneficios procesales al cumplimiento efectivo de acciones reparatorias concretas.
