Estados Unidos prepara una amplia revisión de visas de turismo y negocios que podría terminar con la revocación de permisos otorgados a extranjeros que, luego de ingresar al país como visitantes temporales, solicitaron asilo para permanecer en territorio estadounidense.
El Departamento de Estado confirmó que trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional para identificar esos casos. La iniciativa alcanza a visas B1, destinadas principalmente a viajes de negocios, y B2, utilizadas para turismo, visitas familiares o tratamientos médicos.
Según documentos obtenidos por Associated Press y el testimonio de dos funcionarios estadounidenses, podrían quedar comprendidas visas emitidas entre 2016 y 2026. La agencia calculó que el proceso podría involucrar hasta 200.000 extranjeros y convertirse, si finalmente alcanza esa magnitud, en la mayor revocación simultánea de visas registrada en Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad constituye por ahora una versión no confirmada oficialmente.
El portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott confirmó que existe coordinación con el DHS para revisar los permisos de personas que ingresaron argumentando una estadía temporal y posteriormente solicitaron asilo. No obstante, evitó precisar cuántas visas serían canceladas y explicó que el número permanecerá abierto mientras avance el proceso.
La revocación tampoco significaría necesariamente una deportación inmediata. Según los funcionarios consultados por AP, muchas personas que mantienen solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificadas dentro del sistema migratorio, aunque perderían el permiso correspondiente a viajeros por turismo o negocios.
En este marco, el subsecretario de Estado Christopher Landau cuestionó públicamente a quienes ingresan con visas temporales y luego solicitan asilo. La administración Trump sostiene que busca evitar la utilización del régimen de visitantes como vía para permanecer de manera permanente en Estados Unidos.
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes vienen cuestionando diferentes medidas impulsadas por el gobierno y advierten sobre eventuales problemas vinculados con el debido proceso. Las restricciones migratorias de la administración ya enfrentaron diversos planteos judiciales.
La medida forma parte de un endurecimiento más amplio de la política migratoria. El Departamento de Estado informó que durante los últimos 18 meses fueron revocadas más de 175.000 visas por diferentes causas.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional presentó esta semana otra propuesta, independiente de la revisión de las visas B1 y B2, para cobrar US$103.265 adicionales a determinadas solicitudes nuevas del programa laboral H-1B. La iniciativa todavía debe atravesar el procedimiento regulatorio correspondiente y no se encuentra actualmente en vigencia.
El próximo paso será determinar el alcance formal de la revisión de visas B1 y B2. El anuncio podría producirse durante las próximas semanas y se prevé que cualquier revocación masiva de esta magnitud pueda derivar en nuevas disputas judiciales.
