SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional considera que la disputa por la reforma laboral terminará siendo definida por la Corte Suprema de Justicia, en un escenario marcado por la creciente judicialización del tema impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Según indicaron fuentes oficiales, la estrategia sindical no tendría otra vía que continuar en el plano judicial. En ese marco, desde el oficialismo entienden que el máximo tribunal será quien determine la constitucionalidad de la normativa aprobada en sesiones extraordinarias.
La reforma recuperó vigencia plena la semana pasada, luego de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se pronunció a favor del Estado nacional en la causa iniciada por la CGT. Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González resolvieron modificar el alcance de la medida cautelar que había suspendido 82 artículos.
Sin embargo, la central obrera respondió con nuevas presentaciones judiciales. Este lunes recusó a ambos magistrados y solicitó la nulidad del fallo, al considerar que existió “prejuzgamiento” sobre cuestiones de fondo.
Además, la CGT cuestionó particularmente a Pesino por un supuesto conflicto de intereses, al señalar que habría sido beneficiado con una extensión en su cargo más allá de los 75 años, lo que —según argumentan— comprometería su imparcialidad.
En este contexto, el conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo suma tensión institucional y se encamina hacia una definición que, según anticipan desde el oficialismo, quedará en manos de la Corte Suprema.
