SOFIA ZANOTTILa organización Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de los más de 100 mil inscriptos en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, previstas para los próximos días en la Cámara de Diputados.
Según el esquema definido por el oficialismo, solo 200 personas podrán exponer de manera presencial y otras 200 lo harán de forma virtual. El resto deberá enviar sus intervenciones por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos, lo que generó el rechazo de la entidad ambientalista.
En este contexto, la causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, actualmente subrogado por el juez Enrique V. Lavié Pico. Desde el ámbito parlamentario señalaron que, en caso de aceptar el planteo, el proceso podría extenderse durante más de 500 días, dada la cantidad de participantes.
Por su parte, desde sectores de la oposición plantean la necesidad de encontrar un punto intermedio que permita ampliar la participación sin que el cronograma se vuelva inviable.
Greenpeace cuestionó la resolución adoptada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. El esquema establece que podrán intervenir los primeros inscriptos de cada provincia tanto en la instancia presencial como en la virtual.
En su presentación judicial, la organización solicitó que el Congreso garantice la participación oral de todos los inscriptos y que se readecue el cronograma, sumando jornadas adicionales si fuera necesario. Además, pidió evitar mecanismos que reemplacen la exposición directa, como el envío de videos o presentaciones escritas.
Asimismo, requirieron la designación de veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las audiencias, tanto presenciales como virtuales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares de participación establecidos en el Acuerdo de Escazú.
