LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional avanzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios estructurales en la Ley de Inteligencia Nacional y redefine el funcionamiento del sistema en su conjunto.
La norma establece que todas las tareas de inteligencia pasan a tener carácter encubierto y concentra el manejo operativo en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), lo que implica un aumento significativo de su peso político e institucional dentro del esquema estatal.
Entre los puntos más controvertidos, el decreto habilita a los agentes de inteligencia a realizar aprehensiones en situaciones de flagrancia o cuando exista una orden judicial. En esos casos, se fija la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes, un aspecto que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores.
Desde la oposición anticiparon que buscarán rechazar el DNU en el Congreso de la Nación Argentina, al considerar que avanza sobre atribuciones sensibles y requiere un debate parlamentario más amplio. También se plantearon dudas sobre los alcances del secreto en las actividades de inteligencia y los mecanismos de control.
Por su parte, el oficialismo defendió la reforma al sostener que apunta a mejorar la eficiencia del sistema, fortalecer el control presupuestario y adaptar la estructura de inteligencia a nuevas amenazas, en línea con la visión del presidente Javier Milei.
En este marco, el DNU abre un nuevo foco de tensión política y anticipa un debate intenso en el Parlamento sobre el alcance, la legalidad y las consecuencias de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
