GASTON PAROLA
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió este jueves suspender de forma preventiva el Decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida fue tomada tras hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que consideró que la normativa vulnera derechos laborales fundamentales.
La jueza Martina Isabel Forns argumentó que el decreto podría afectar la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores, y advirtió que se trata de un sector "socialmente vulnerable". En su fallo, ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto, incluyendo traslados, despidos o reubicaciones, durante un plazo de seis meses.
Entre los fundamentos jurídicos, Forns señaló que el artículo 32 del decreto establece una "fecha de vencimiento" para la estabilidad del personal, lo cual, según expresó, contradice normas constitucionales, convenios de la OIT y principios básicos del derecho laboral. Asimismo, cuestionó que toda modificación dependa de la aprobación del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, lo que calificó como una subordinación incompatible con los derechos sindicales.
Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni fue tajante: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”, publicó en su cuenta de X.
El gremio Sevina celebró la resolución como un respaldo a su lucha. "Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que no se vulneren los derechos de nuestras compañeras y compañeros", expresaron en un comunicado.
El decreto en cuestión fue oficializado semanas atrás por el Ejecutivo y contempla también la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, cuyas funciones pasarían al Ministerio de Economía. El caso ahora deberá seguir su curso en la Justicia, mientras rige la medida cautelar que frena por el momento cualquier avance del Gobierno en este proceso de reestructuración.
