La apertura del 153° período de sesiones en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires nos dejó, una vez más, un discurso cargado de victimización, omisiones y desvíos de responsabilidad por parte del gobernador Axel Kicillof. En su afán de confrontar con el Gobierno Nacional, el mandatario bonaerense no escatimó en ataques, críticas y acusaciones, intentando justificar el estado crítico de la provincia que administra desde hace más de cuatro años.
Editoriales06/03/2025
Oscar A Canavese
Uno de los ejes de su discurso fue la supuesta "retención de fondos" que, según él, la Nación le adeuda a la provincia de Buenos Aires. Con un número abultado de $9,4 billones, Kicillof reclamó recursos que, de acuerdo con su relato, fueron retenidos de manera injusta. Sin embargo, el gobernador omitió un dato clave: su gestión ha sido una de las más deficitarias y dependientes de la coparticipación nacional, sin mostrar una verdadera capacidad de generar autonomía financiera. Mientras acusa al Gobierno Nacional de "saqueo", su administración sigue sosteniéndose con gasto público desmedido y políticas populistas que no han logrado mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.
Otro de los temas en los que Kicillof se explayó fue la grave crisis de inseguridad que afecta a la provincia. El reciente asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años que perdió la vida a manos de delincuentes menores de edad en La Plata, conmovió a la sociedad y dejó expuesta una realidad que el gobernador parece no querer reconocer: la inseguridad se ha convertido en un flagelo diario para los bonaerenses. En lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde como jefe del Ejecutivo provincial, optó por atacar a quienes denuncian la situación, calificándolos de "caranchos" y acusándolos de hacer "política carroñera" con el dolor de una familia destrozada. Es preocupante que un gobernador responda con ataques en lugar de soluciones ante una crisis que ya ha cobrado demasiadas vidas.
Pero quizás la medida más polémica anunciada en su discurso fue el lanzamiento del Plan Provincial de Desarme, una iniciativa que pretende retirar armas de la circulación, pero que, en la práctica, deja en una situación aún más vulnerable a los ciudadanos honestos, mientras la delincuencia sigue actuando con total impunidad. Bajo el argumento de "sacar armas de las calles", el gobernador propone una política que, en lugar de fortalecer la seguridad, facilita el camino para quienes viven al margen de la ley. El problema no son las armas en manos de personas que cumplen con la ley, sino la falta de una estrategia integral de seguridad que ataque el verdadero problema: la impunidad, la falta de controles y la ausencia de una política criminal efectiva.
El gobernador también utilizó su discurso para criticar el acuerdo con el FMI, calificándolo de "estafa piramidal". Lo llamativo es que Kicillof, quien durante su paso por el Ministerio de Economía fue responsable de un desastroso manejo de la deuda externa y del default de la provincia, ahora se erige como un supuesto defensor de la soberanía económica. La memoria selectiva parece ser un recurso frecuente en su retórica.
En definitiva, el discurso de Axel Kicillof no fue más que una muestra de su estrategia política: victimizarse, acusar a otros de sus propios errores y desviar la atención de los problemas estructurales de la provincia. Mientras tanto, los bonaerenses siguen padeciendo una crisis de inseguridad alarmante, un sistema de salud colapsado y una economía provincial cada vez más dependiente de la asistencia del Gobierno Nacional.
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Por Oscar Andrés Canavese
