Los sindicatos de empleados públicos consideran que la reciente medida del Gobierno de Javier Milei, que busca que 10 mil empleados inicien sus trámites jubilatorios, tendrá un impacto mínimo en la reestructuración del Estado.
Política Ayer
SOFIA ZANOTTI
En medio de un contexto de reestructuración del Estado, los gremios que representan a los empleados estatales han reaccionado con escepticismo ante la reciente resolución del Gobierno que intimó a aproximadamente 10 mil trabajadores a iniciar sus trámites jubilatorios. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, ha sido calificada por los sindicalistas como "efectista" y de escaso impacto real en la situación laboral del sector.
El anuncio oficial, publicado en el Boletín Oficial mediante la resolución 3/2024, establece que todos aquellos empleados permanentes que cumplan con los requisitos de edad —65 años para hombres y 60 para mujeres— deberán presentar sus solicitudes ante la ANSES. De acuerdo con las estimaciones gubernamentales, alrededor de 6.800 de los afectados son parte de la planta permanente.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expresó su preocupación, afirmando que muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno son simplemente reactivaciones de normativas ya existentes, sin novedades significativas. Aguiar indicó que la intimación podría tener un efecto más notorio sobre las mujeres que optan por prorrogar su jubilación, dado que anteriormente podía decidir no jubilarse a los 60 años y postergar su retiro.
En respuesta a la situación, los sindicatos se han centrado en un paro nacional de 36 horas programado para el próximo 29 y 30 de octubre, en el cual se llevará a cabo una marcha hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esta movilización está enmarcada dentro de un contexto de preocupación general por la reestructuración de organismos clave, como la AFIP, que se anunció será objeto de un recorte significativo.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), también se ha manifestado preocupación por los exámenes de idoneidad que se implementarán en diciembre, además de la reducción de los organismos que se ocupan de la función pública.
A medida que los gremios se preparan para las próximas acciones, el objetivo sigue siendo claro: defender los derechos de los trabajadores estatales en un contexto de cambios profundos en la administración pública.
La canciller argentina calificó de "absolutamente falso" el uso del término "Falklands" en un comunicado oficial y aseguró que tomará medidas contra los responsables del error.
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El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas presentó un hábeas corpus preventivo tras sufrir persecuciones y amenazas hacia su familia. "No pueden encontrar nada contra mí, entonces persiguen a mi familia", aseguró.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció la adhesión de su gremio al paro nacional de transporte del 30 de octubre y criticó fuertemente al gobierno de Javier Milei, asegurando que sus políticas están destruyendo la vida de los trabajadores.
La administración de Javier Milei anunció la privatización del Belgrano Cargas, retomando la concesión que Cristina Kirchner había quitado al Grupo Macri. Esta decisión marca un nuevo hito en la gestión del transporte ferroviario de cargas en Argentina.
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