Un fallo del juez Ricardo Hierrezuelo suspendió la declaración de la actividad aeronáutica como "servicio esencial", afectando la programación de vuelos y generando incertidumbre entre los pasajeros.
Política Ayer
SOFIA ZANOTTI
El Juzgado del Trabajo N°42, bajo la dirección del magistrado Ricardo Hierrezuelo, emitió un fallo significativo que suspendió la implementación de los decretos 825/24 y 831/24 del gobierno de Javier Milei. Estos decretos habían declarado la actividad aeronáutica como un "servicio esencial", con el objetivo de garantizar la continuidad de los vuelos en caso de conflictos gremiales. La decisión se tomó tras un amparo presentado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por el sindicalista Pablo Biró.
La medida cautelar, que se aplica durante tres meses y afecta exclusivamente a los trabajadores de APLA, ha generado una crisis en el sector aéreo. A pesar de que el gobierno busca asegurar que los pasajeros puedan acceder a vuelos esenciales, el fallo deja a más de 37.000 pasajeros afectados por las recientes medidas de fuerza. En las últimas semanas, las huelgas impulsadas por APLA y otros sindicatos resultaron en la cancelación de más de 300 vuelos.
El decreto 825/24, que modifica el Código Aeronáutico (Ley 17.285), obligaba a los sindicatos a notificar con cinco días de antelación cualquier medida de fuerza, permitiendo así que las aerolíneas y pasajeros tomen las precauciones necesarias. Sin embargo, el fallo de Hierrezuelo establece que esta reglamentación infringe el derecho constitucional a la huelga y contraviene las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no considera a los pilotos como "servicios esenciales".
La raíz del conflicto entre APLA y el gobierno se encuentra en las negociaciones paritarias en Aerolíneas Argentinas. Los pilotos exigen una recomposición salarial del 70%, mientras que los tripulantes de cabina, representados por otros sindicatos, exigen un aumento mínimo del 25%. Por su parte, la propuesta del gobierno y Aerolíneas Argentinas ha sido de un 10,8% acumulado entre junio y agosto, oferta que ha sido rechazada por los gremios, dando lugar a paros y manifestaciones.
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