Dani Alves quedó en libertad provisional después de pagar una fianza insólita

La Audiencia de Barcelona ha resuelto dejar en libertad provisional a Dani Alves. Tras estar cerca de un año y tres meses detenido en Barcelona por abuso sexual, el exjugador de la selección de Brasil pagó una fianza de un millón de euros y esperara la resolución de los recursos de la sentencia en libertad.

Después de haber sido sentenciado a cuatro años y medio de prisión por el abuso sexual a una joven en una discoteca de la ciudad catalana a finales de 2022, el Tribunal, de manera dividida, decidió excarcelado con un depósito millonario y con la condición de que entregará a la justicia sus dos pasaportes, el brasileño y el español, y presentarse semanalmente en el juzgado. Además, se le ha impuesto una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros y tampoco podrá intentar comunicarse con ella por ningún medio.

Esta situación se da luego de que el exlateral presentara el pedido en la audiencia del día de ayer, en la cual participo por videollamada desde la cárcel de Brians 2, y haya declarado: “Creo en la justicia. No voy a huir”. En medio de esta citación, tanto la Fiscalía como los abogados de la denunciante se habían opuesto a este pedido por entender que hay riesgo de que huyera del país, mientras que su defensa argumentó que ya cumplió una cuarta parte de la condena.

La resolución de la Audiencia de Barcelona por la liberación de Alves

La Sala resuelve acordar la prisión provisional de Daniel Alves Da Silva eludible mediante el pago de una fianza de 1.000.000 euros y en caso de verificarse el pago, y acordarse su libertad provisional se procederá a la retirada de los dos pasaportes, español y brasileño, la prohibición de salir del territorio nacional, y la obligación de comparecencia apud acta ante esta Audiencia Provincial semanalmente, así como cuantas veces sea llamado por la Autoridad Judicial.

Asimismo, se impone a Daniel Alves Da Silva la medida de prohibición de aproximación a la persona de la denunciante a una distancia no inferior de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, hasta que recaiga sentencia firme; declarando de oficio las costas.